Entre el pasado 25 y 28 de abril, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, estuvo en Cartagena recolectando pruebas sobre investigaciones relacionadas a la invasión de tierras en varios corregimientos de la ciudad, en las cuales también podrían estar involucrados varios servidores públicos.
La visita se realizó como consecuencia de una audiencia pública que se realizó el pasado 2 de febrero, donde se recibieron 26 quejas de la ciudadanía con respecto a este tema.
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“Para la procuradora general, Margarita Cabello, es muy importante el derecho fundamental a la propiedad privada y por eso ella ha tenido en la lupa revisar el fenómeno de las invasiones y ocupaciones ilegales de tierra en el país, donde presuntamente participan estructuras ilegales particulares que se dedican a la adquisición ilícita de predios y también servidores públicos que conectan con ellos”, manifestó Lucila Mercedes Vidal, directora nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría.
Vidal destacó que en Bolívar existen 11 investigaciones disciplinarias abiertas por esta situación, en las cuales se ha vinculado a diferentes funcionarios. En Cartagena están vinculados la secretaria del Interior, el alcalde de la Localidad 2 y los inspectores de Policía de La Boquilla, Bayunca, Arroyo Grande, Punta Canoa, Santa Ana y Tierrabomba. En Turbaco se vinculó al inspector de Policía y al personero municipal; y en Arjona también al inspector de Policía.
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Además de esto, hay 16 casos que están en etapa de indagación. “Estamos estableciendo con las pruebas que vinimos a recoger si existen servidores públicos involucrados y si realmente estamos frente a conductas que ameritan ser disciplinadas”, afirmó Vidal.
La funcionaria del Ministerio Público recordó que la Procuraduría tiene entre sus objetivos misionales disciplinar a los servidores que omitan o se excedan en el cumplimiento de sus funciones y en ese sentido lo que se busca es determinar si hay funcionarios que incurrieron en estas conductas.
Los hallazgos
Hasta el momento, el equipo de abogados e investigadores de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría ha identificado varias conductas reiterativas relacionadas a la ocupación ilegal de tierras.
“Respecto a los inspectores de Policía, podemos decir que de ahí emerge el problema de la invasión de tierras, porque ellos son la primera autoridad que tiene que dirimir un conflicto de esta índole. Allí encontramos indebida identificación de los inmuebles en las querellas policivas, entrega de inmuebles sin un dictamen técnico o inspección ocular y favorecimiento a los invasores u ocupantes reconociéndoles una posesión que nunca han tenido en desmedro de la propiedad”, afirmó Vidal.
También se encontraron irregularidades en las notarías donde se identificaron escrituras públicas con firmas o datos falsos y escrituras públicas que supuestamente eran antiguas pero que en realidad fueron elaboradas recientemente.
En las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos también se evidenció la creación de folios de matrícula inmobiliaria con escrituras públicas antiguas y también con ubicación y linderos que no corresponden con la realidad del inmueble. Así mismo, se identificaron anotaciones con realidades distintas a la estipulada en la escritura pública y sin el lleno de los requisitos que exige el estatuto catastral.
Con respecto al Instituto Geográfico Agustín Codazzi y las oficinas de catastro, la Procuraduría también encontró números de referencias catastrales intercambiados entre los predios, cédulas catastrales con linderos que no corresponden a la realidad y conversión de medidas sin tener la competencia para realizarlas.
Lo que sigue
La directora nacional de Investigaciones Especiales, Lucila Vidal, indicó que tras la recolección de pruebas lo que viene es tomar decisiones. En el caso de las indagaciones previas, que son 16, se buscará identificar a los servidores públicos involucrados y las conductas que podrían ser disciplinariamente relevantes.
“En esos casos iniciaremos una investigación disciplinaria y vincularemos a esos servidores; mientras que en las investigaciones que ya están iniciadas, con el fortalecimiento probatorio se va a determinar si procede o no una formulación de cargos disciplinarios. Si establecemos que estamos frente a la presunta ejecución de una conducta de índole disciplinaria se formulan cargos y luego se va a la etapa de juzgamiento”, explicó.
Vidal indicó que el mensaje que se busca enviar a los servidores públicos con estas acciones es que cumplan con sus deberes conforme a la ley para así trabajar de la mano y resolver los problemas de ocupación ilegal de tierras.