En un acto simbólico con representantes de las víctimas, miembros de la Ruta de Cimarronaje y representantes de los Consejos Comunitarios de la región de Montes de María y aledaños al canal del Dique, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) validó el cumplimiento de las órdenes emitidas en el auto.
La medida cautelar emitida en el auto AI-070 de 2022 ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) elaborar un Protocolo Arqueológico Forense, para el proyecto del canal del Dique, para la búsqueda de personas desaparecidas con enfoque diferencial étnico y de género que permita contribuir y aportar a la resignificación de la región como un escenario de construcción de paz y vida.
La ANI, a través de un equipo interdisciplinario, inició un proceso de indagación que permitió una articulación institucional entre la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, concretando una estructura del protocolo, las competencias de cada una de las partes y la metodología a seguir. Lea también: Comunidad cierra el canal del Dique a la altura de Soplaviento
Con la participación de los peticionarios -miembros de los procesos organizativos articulados de comunidades negras, palenqueras y raizales-, y del concesionario Ecosistemas del Dique, se consolidó un documento consensuado que diera respuesta a la necesidad de reconocer y proteger los derechos de las víctimas, a la verdad, la justicia y la reparación.
Este protocolo estableció a la Fiscalía General de la Nación como primer respondiente; a la Unidad de Búsqueda, en coordinación con la Fiscalía, para atender los hallazgos y realizar el relacionamiento con las víctimas, y el concesionario como primer responsable de los hallazgos y facilitador de las actividades de las entidades con competencia en búsqueda. Le puede interesar: “El canal del Dique es clave para el desarrollo del Caribe”: expertos en foro de la UTB
“El proyecto ‘Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique’, es la mayor apuesta de infraestructura para el desarrollo del Caribe colombiano. Hoy desde la ANI asumimos el reto y podemos decir que es primer relacionamiento proyecto de infraestructura en generar un particular con las entidades con competencia en búsqueda y el primero en incorporar un Protocolo Arqueológico Forense en el país”, aseguró Carolina Barbanti, vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI.
El megaproyecto del Canal del Dique impacta directamente al progreso de todo el país, contribuyendo a la disminución de brechas de inequidad y de pobreza en línea con los objetivos de desarrollo sostenible y la transformación del ordenamiento territorial alrededor del agua, eje fundamental del Plan Nacional de Desarrollo. Este proyecto brindará soluciones ante las problemáticas de inundaciones periódicas a las poblaciones de 19 municipios de la región y también será el referente nacional para aportar a la resignificación de la región como un escenario de construcción de paz y vida.