Ubicado en el turístico barrio El Laguito de Cartagena, el edificio El Conquistador es hoy escenario de una intensa batalla legal que divide a sus copropietarios y ha captado la atención de toda la ciudad. Lo que debería ser un lugar de descanso para residentes y turistas se ha transformado en un terreno de enfrentamientos físicos, disputas legales y acusaciones de presuntas irregularidades administrativas. Pero, ¿qué ha desencadenado esta problemática en una de las zonas más exclusivas de Cartagena?
La controversia en El Conquistador tiene como núcleo la lucha por el control de su administración. Los copropietarios llevan años denunciando presuntas irregularidades en las elecciones y la gestión de quienes dirigen el edificio, sugiriendo que algunas decisiones podrían estar beneficiando intereses particulares. Entre las acusaciones destaca la posible modificación de los estatutos internos para favorecer a ciertos grupos. Lea también: Fallo ordena a El Conquistador a pagar por apartamento
Este clima de discordia ha escalado en conflictos físicos y verbales entre vecinos, llegando incluso a amenazas de muerte y a la necesidad de protección especial para uno de los residentes. En enero del año pasado, un video viral mostró una violenta pelea en el lobby del edificio, en la que se utilizaron objetos decorativos como armas improvisadas. La escena dejó en evidencia el alto grado de tensión que reina entre los copropietarios de El Conquistador.
La disputa legal
Durante el 2024, seis personas presentaron solicitudes para asumir la administración del edificio, cada una con distintos argumentos y aspiraciones; sin embargo, la Oficina Asesora Jurídica del Distrito asegura que detectó presuntas inconsistencias y documentos incompletos en estas solicitudes y el 28 de mayo del 2024 las devolvió para su subsanación.
Posteriormente, la Alcaldía de Cartagena designó a Saúl Enrique Hernández Acuña como administrador oficial del edificio, una decisión que fue impugnada por los solicitantes Lizza Andrea Padilla Muriel y Rodrigo Ángel Ramírez Romero, quienes alegaron haber sido respaldados por la Asamblea de Copropietarios en abril del 2024. Pese a ello, el Juzgado Sexto Civil de Cartagena, en un fallo respaldado por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena, declaró ineficaces estas elecciones.
Acciones judiciales y revisión de las autoridades
Tras el fallo, Lizza Padilla y Rodrigo Ramírez presentaron recursos de reposición. La Alcaldía de Cartagena, no obstante, confirmó la sentencia judicial y remitió el caso a la Fiscalía General para investigar posibles fraudes procesales y falsificaciones en los documentos.
“Además, se remitió la situación a la Superintendencia de Notariado y Registro para que de conformidad a sus competencias ejerza la debida inspección, vigilancia, control e investigación de posibles faltas en el registro de folio de la copropiedad Edificio El Conquistador”, indicó el Distrito.
Por su parte, el juzgado declaró ineficaces las asambleas convocadas por la sociedad Valor Real S.A.S., ya que, según la justicia, estas reuniones no contaron con el respaldo normativo necesario. Con esta resolución, no existen recursos adicionales que puedan interponerse, y tanto la copropiedad como los interesados ya han sido notificados de los actos administrativos correspondientes, señalaron desde el Distrito.
Así las cosas, este edificio no solo enfrenta una pugna legal entre sus administradores, sino que también se encuentra bajo supervisión de las autoridades nacionales.