La Superintendencia Nacional de Salud, reveló este viernes un informe de hallazgos sobre el manejo financiero de la EPS Coosalud tras la intervención realizada el pasado 22 de noviembre en Cartagena. El documento expone posibles irregularidades que comprometen recursos públicos destinados a la salud de los colombianos.

Según el equipo interventor, en diciembre de 2022, Coosalud EPS actuó como garante de un contrato de crédito entre el Banco GNB Sudameris S.A. y la empresa Coosalud. Para noviembre de 2024, el banco notificó el incumplimiento de dicho crédito, lo que activó cláusulas de aceleración para recuperar una deuda que ascendía a más de $221 mil millones, incluyendo capital e intereses. Puede leer: Coosalud EPS: “No hubo ninguna transferencia a cuentas en el exterior”

De acuerdo con el informe, el pasado 20 de noviembre, “el Banco GNB Sudameris comunicó la intención de utilizar recursos de fideicomisos relacionados con Coosalud para cubrir la deuda, lo que culminó con la transferencia de $206 mil millones desde estos fondos”. Un detalle que inquietó al equipo interventor es que Jaime González, representante legal de Coosalud EPS en la firma de este contrato, también ostentaba la representación legal de la empresa deudora.
La Supersalud denuncia presuntos desvíos de recursos y remite a Fiscalía
Rubiano García, enfatizó que los recursos comprometidos son públicos y, por tanto, deben ser manejados bajo estricta regulación. En rueda de prensa, el Superintendente fue contundente al señalar: “El informe de hallazgos y la denuncia presentada hoy ante la Fiscalía General de la Nación plantean no solo dudas sobre el manejo de los recursos para la salud de Coosalud EPS, sino una presunta desviación de recursos públicos que debe ser investigada y sancionada”.
Así las cosas, la Supersalud, ha remitido los hallazgos a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones correspondientes. “Nuestro compromiso es proteger los recursos públicos de la salud de los colombianos”, aseguró Rubiano García, dejando claro que no habrá tolerancia ante posibles actos de corrupción en el sector.