A través de un comunicado, la Procuraduría General de la Nación informó que abrió una investigación disciplinaria contra Gustavo Adolfo Gómez González y Jaime Rojas López, quienes eran los representantes legales de la concesión Ruta al Mar S.A.S y de la interventoría Consorcio CR Concesiones, respectivamente.
El ente de control investiga presuntas anomalías en la ejecución del contrato de concesión IP Antioquia-Bolívar, cuyas obras presentarían un retraso injustificado debido a la utilización de materiales de mala calidad que habrían perjudicado el proyecto. Lea: Adjudicada la Asociación Público Privada para la autopista Antioquia – Bolívar
De acuerdo con la Procuraduría, esto provocó fisuras longitudinales en algunos tramos que han ocasionado daños mayores en los dos carriles de las calzadas afectando el tránsito y la movilidad.
Así mismo, el Ministerio Público cuestionó que la interventoría no hiciera seguimiento, vigilancia y control a las obras, permitiendo el uso de estos insumos deficientes que causaron los problemas señalados.
Frente a esto, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), información sobre el avance de ejecución físico y presupuestal de la obra; y evidencias sobre las medidas adoptadas, multas o trámites de incumplimiento adelantados contra la empresa contratista. Lea también: Petro designa al cartagenero Óscar Torres como presidente de la ANI
Sobre el proyecto Ruta al Mar Antioquia-Bolívar
El contrato de concesión IP Antioquia-Bolívar fue adjudicado en el año 2015 para la construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del sistema vial para la conexión de los departamentos Antioquia y Bolívar, incluyendo obras en Córdoba y Sucre.
El proyecto comienza en Caucasia (Antioquia) y llega a a Córdoba por La Apartada y Planeta Rica. También incluye la vía Cereté-Lorica y conecta con Sucre en el municipio de Coveñas, avanza por Tolú, y llega a la Cruz del Viso, en Bolívar.