Hay controversia por el proyecto de resolución del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes “por medio del cual se declara como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional el Paisaje Cultural Fortificado de Cartagena de Indias y se aprueba su Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP)”.
La iniciativa tiene como objetivo la conservación y sostenibilidad del patrimonio histórico sobre un área total de 43.729 hectáreas, de las cuales 20.680 son continentales y 23.048 son marítimas, abarcando un territorio comprendido entre la zona norte desde Punta Canoa, hasta la península de Barú.
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“El Paisaje Cultural Fortificado de Cartagena de Indias se divide en cuatro ámbitos de estudio que corresponden a la zona norte asociada a la Ciénaga de la Virgen, la zona centro asociada a la dinámica del Centro Histórico y la Bahía de las Ánimas, las zonas insulares de Tierrabomba y la zona de Barú”, explica el documento.
Sin embargo, desde Camacol Bolívar, el gremio de construcción de la ciudad, advirtieron que el proyecto incluye disposiciones que producen incertidumbre en el sector, como implicaciones sobre la norma urbanística local y restricciones técnicas sobre la ejecución de obras.
“Reconocemos la importancia de instrumentos como el PEMP para conservar el paisaje cultural y las fortificaciones de Cartagena. Sin embargo, nos preocupa que la propuesta de aplicar este plan sobre 43 mil hectáreas, sin parámetros claros de alcance ni lineamientos de intervención, genere incertidumbre jurídica y vacíos normativos”, expuso Irvin Pérez, gerente de la entidad.
El dirigente gremial aseguró que una ciudad como Cartagena, requiere como condición básica para su desarrollo, seguridad jurídica para ejecutar proyectos, algo que no está garantizado con la resolución que se pretende expedir.
“Nos hemos vuelto expertos en producir vacíos interpretativos cada vez que se intentan regular aspectos ambientales, culturales o sociales, lo cual termina en contraposiciones de competencias y en el debilitamiento de la autonomía que la ley le otorga a los distritos especiales. En la práctica, esto convierte el desarrollo urbano en un laberinto de trámites que afecta la planeación, el licenciamiento y la confianza de los inversionistas”, agregó.
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Por esto, manifestó que antes de expedir una resolución de este tipo, es importante que el Ministerio de las Culturas defina criterios técnicos y precisos que permitan armonizar la protección patrimonial con la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible de la ciudad.
Las restricciones a la construcción en el proyecto de Minculturas
Uno de los puntos más polémicos del proyecto son las restricciones de altura para la construcción. En las áreas afectadas del Paisaje Cultural Fortificado se propone una edificabilidad máxima de 1 piso, mientras que en la zona de influencia de hasta 3 pisos.
Camacol Bolívar advirtió que estos límites podrían desestimular la inversión y además, fomentar una expansión urbana desordenada hacia áreas no protegidas, con mayores costos de infraestructura y servicios que tendrían un impacto negativo en la oferta de vivienda.
“Solicitamos revisar y flexibilizar los parámetros de edificabilidad en los sectores normativos de la zona de influencia, especialmente en aquellos que no impactan directamente las visuales principales o que ya presentan un desarrollo urbano consolidado”, propuso el gremio.
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Otra inquietud tiene que ver con artículos que regulan las intervenciones arquitectónicas dentro del Paisaje Cultural Fortificado, ya que se establece que todas las estructuras y elementos deben ser conservados y restaurados “según las técnicas tradicionales”.
“Se propone permitir la incorporación de tecnologías y materiales modernos que sean visualmente compatibles con la estética tradicional, pero que ofrezcan ventajas en términos de sostenibilidad, eficiencia energética, durabilidad y costos. Esto fomentaría la innovación y reduciría las cargas económicas para los propietarios”, sugirió Camacol.
Además, propusieron establecer un catálogo de materiales y técnicas alternativas aprobadas por el Ministerio de las Culturas que cumplan con los objetivos de conservación.
Las competencias del Distrito y Minculturas sobre el patrimonio cultural
El gremio de la construcción también manifestó su preocupación sobre las implicaciones del proyecto en la norma urbanística local, considerando que se exige al Distrito la incorporación del PEMP al POT y se establece la subordinación de las licencias urbanísticas a lo dispuesto desde el orden nacional.
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“La implementación efectiva de esta jerarquía requiere una articulación y coordinación expedita entre el Ministerio y el Distrito de Cartagena. La falta de una homologación clara y ágil de las normativas podría generar vacíos, interpretaciones diversas y en última instancia, la paralización de proyectos”, advirtió Camacol.
En cuanto a las competencias de ambas entidades para trámites de intervención, el proyecto establece que para áreas afectadas del Paisaje Cultural Fortificado le corresponde al Ministerio de las Culturas; mientras que para zonas de influencia, al Distrito de Cartagena. Sin embargo, causa dudas que cualquier disposición local deba contar con un concepto favorable desde el orden nacional.
“La necesidad de un concepto favorable del Ministerio para decisiones distritales puede convertirse en un cuello de botella administrativo. Se estarían centralizando decisiones que, en muchos casos, podrían ser resueltas a nivel local con base en directrices claras. Adicionalmente a este requisito, generaría inseguridad jurídica al no establecer plazos perentorios para la emisión de dichos conceptos”, dijo el gremio.
Frente a esto, lo que proponen es evaluar la posibilidad de delegar la aprobación de ciertas intervenciones de menor impacto a la autoridad distrital y establecer un protocolo con plazos claros para la emisión de los conceptos del Ministerio en los casos en que se requieran.
Piden a Minculturas atender observaciones del sector construcción
Desde Camacol Bolívar reiteraron que si estas observaciones no son gestionadas adecuadamente, podrían afectar al sector de la construcción en la ciudad y a su cadena de valor.
“Las limitaciones en la edificabilidad y los usos, sumadas a la incertidumbre en los procesos de aprobación, pueden desviar la inversión del sector de la construcción hacia otras ciudades con marcos normativos más predecibles y rentables”, alertaron.
En este sentido, pidieron que se tengan en cuenta medidas para mitigar efectos negativos, como incentivos fiscales o financieros que puedan estimular la inversión. Además, solicitaron la realización de talleres, socializaciones y capacitaciones que permitan a constructores, inversionistas, funcionarios y ciudadanía en general conocer la aplicación práctica de la norma que se busca expedir.