A través de un oficio dirigido al Distrito, la Procuraduría 03 Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios solicitó información relacionada al cumplimiento de la sentencia judicial emitida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena en 2017, la cual ordenó la protección del Cerro de la Popa y la reubicación de las comunidades asentadas en el ecosistema.
El fallo fue confirmado en 2018 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, sin embargo, según advirtió el ente de control, varios de los plazos entregados ya vencieron sin que se haya dado un cumplimiento efectivo a las órdenes.
Le puede interesar: ¿Qué ha pasado con la reubicación de comunidades de La Popa?
“Resulta imperativo que la actual administración ejecute las órdenes encaminadas a la protección integral, conservación y desarrollo sostenible del Cerro de la Popa, así como la garantía de los derechos fundamentales de la población vulnerable allí asentada”, dice el oficio.
La comunicación también fue enviada a dependencias con injerencia en esta materia como el Establecimiento Público Ambiental (EPA), la Secretaría de Planeación, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), la Secretaría de Infraestructura y la Oficina Asesora Jurídica.
Las observaciones de la Procuraduría sobre la orden judicial
El Ministerio Público anotó que la sentencia judicial ordenaba el censo de los asentamientos del Cerro de la Popa, específicamente de los sectores Kennedy, Loma del Rosario, Loma del Diablo y La Bendición de Dios, así como la adopción de medidas tendientes a erradicar urbanizaciones nuevas.
El plazo para cumplir con esta orden vencía en 2018, sin embargo, el ente de control indicó que las acciones no se han llevado a cabo. “No se adoptaron medidas y por el contrario, las invasiones en el Cerro de la Popa se incrementaron”, advirtió.
Por este motivo, tampoco se evidencia el cumplimiento de la orden de reubicación con el fin de garantizar el derecho a la vivienda digna a la población que reside en la zona en condiciones de extrema vulnerabilidad.
“Este término venció el 15 de noviembre de 2019. Las respuestas del Distrito de Cartagena sobre el cumplimiento de esta orden se limitan a desconocer sus competencias y a relacionar convenios para estabilización de taludes que celebró con Edurbe. En respuestas incluso llega a manifestar que esta es una responsabilidad del Ministerio de Vivienda y Corvivienda, argumentos que han sido desestimados por el Juzgado Séptimo Administrativo y el Tribunal Administrativo de Bolívar”, manifestó.
La Procuraduría también hizo referencia a que en el fallo se ordena al Distrito en conjunto con el EPA desarrollar un plan de acción que implique la construcción de obras urgentes y necesarias para mitigar las condiciones de vulnerabilidad ambiental en el Cerro de la Popa, así como su recuperación, conservación y reforestación.
Sobre este punto, acotó que la Alcaldía de Cartagena presentó un proyecto de inversión asociado a este fin, sin embargo, pidió allegar las constancias de su ejecución, cronograma, recursos y contrataciones.
Lo que pide la Procuraduría al Distrito de Cartagena
Con base en lo anterior, la Procuraduría solicitó al Distrito de Cartagena la siguiente información:
- Censos realizados a los sectores Kennedy, Loma del Rosario, Loma del Diablo y la Bendición de Dios.
- Censos realizados a los demás asentamientos en el Cerro de la Popa.
- Relación de los asentamientos realizados en el Cerro de la Popa en el período del 15 de septiembre de 2018 hasta la fecha.
- Informe de cómo se va a dar cumplimiento a la orden de reubicación en el 2026.
- Informe sobre las acciones que adelantará el EPA, como autoridad ambiental, para precisar los polígonos que conforman el suelo de protección del Cerro de la Popa, realizar la zonificación ambiental y formular el plan de manejo para su conservación.