Esta semana recibí con orgullo una noticia que merece algo más que un aplauso protocolario: Bolívar duplicó sus colegios oficiales en categoría A de las Pruebas Saber 11. Son seis instituciones, frente a las tres de 2023, ubicadas en Santa Rosa del Sur, El Carmen de Bolívar y Turbaco. Además, el promedio rural subió 8 puntos, el urbano 5 y el número de instituciones en la categoría más baja disminuyó en 24.
Hay quien dirá que un puntaje es solo un número, y en parte tiene razón. Las pruebas estandarizadas no miden la capacidad de un maestro rural ni la resiliencia de un estudiante que camina horas hasta su escuela. Pero un número deja de ser irrelevante cuando señala una dirección sostenida hacia la mejora continua; más en un departamento tan dispar en su geografía como en su desarrollo.
Que tres de las seis instituciones estén en Santa Rosa del Sur y que el promedio rural crezca más que el urbano, importa por una razón de fondo: la brecha entre campo y ciudad sigue siendo una de las desigualdades más profundas de la educación colombiana. Cerrarla es una condición de justicia, porque un joven del sur de Bolívar con buena formación técnica y media compite en mejores condiciones por una beca, un cupo universitario o un empleo digno.
¿Qué explica el resultado? La experiencia sugiere planeación e inversión con visión estratégica, acompañamiento cercano a las instituciones y alianzas con empresas, cooperantes y otros aliados. Sin embargo, rara vez se aplica, porque exige equilibrar lo que el ciudadano y su gobernante quieren inaugurar con lo que realmente cimienta la transformación social.
Ahí está la cinta que nadie corta. Los avances en comprensión lectora y matemáticas, la formación docente y la permanencia escolar no admiten ceremonias de inauguración y, por eso, suelen perder frente a obras más visibles. Su resultado llega tarde, en silencio, cuando ya otro gobierno sostiene las tijeras. Quien invierte en educación entiende que su recompensa política es incierta y su recompensa social, enorme.
Conviene no confundir celebración con descanso. En ese trabajo continuado, implementar lo establecido en la recién aprobada Política Pública Educativa de Bolívar resulta indispensable para que este logro no sea una excepción brillante, sino que eleve el piso para todos. El reto ahora es sostener lo alcanzado: que los docentes permanezcan, que la alimentación y el transporte escolar lleguen a tiempo, y que la conectividad deje de ser un privilegio de las cabeceras.