Todavía hay conmoción en el país tras conocerse el fallecimiento de una adulta mayor en pleno dispensario de medicamentos de la Nueva EPS, frente a los usuarios que aguardaban su turno en el barrio Los Caobos de Cúcuta, en Norte de Santander.
Su nombre era Cecilia Quintero, una mujer de 70 años que murió pocos minutos después de expresar su inconformidad porque no le habían entregado los pañales y medicamentos para su hijo en silla de ruedas, para su esposo e incluso para ella misma. Según relató, sufría problemas renales y llevaba siete meses sin recibir los fármacos que le habían recetado.
Un video difundido en redes sociales captó los reclamos de la mujer, quien aseguraba que su esposo, con problemas vasculares y operado del corazón, tampoco había recibido los medicamentos que necesitaba. “A él tampoco le quieren entregar la propafenona, que es vital para la arritmia cardíaca. ¡Y si no la toma, se muere!”, expresaba Quintero.
Segundos después, doña Cecilia se desplomó frente a las demás personas, quienes corrieron a auxiliarla. Sin embargo, poco después se confirmó su deceso.
Por su parte, Droguerías Cafam, dispensario donde se encontraba Cecilia, lamentó el fallecimiento y señaló que en ese momento se activaron los protocolos de atención y se solicitó asistencia a los servicios de emergencia. “Confiamos plenamente en que, después de la debida investigación, las autoridades competentes se encargarán de esclarecer la situación”, añadió la entidad en su comunicado.
Las reacciones fueron inmediatas. La Defensoría del Pueblo se pronunció asegurando que “la crisis de medicamentos y salud ha cruzado límites inhumanos. Esto es inadmisible. La realidad muestra que en nuestro sistema de salud, la salud y la vida no son derechos humanos. Son trámites, autorizaciones y pendientes. No se puede naturalizar la muerte por falta de medicamentos esenciales”.
La entidad señaló que los compromisos de Nueva EPS en mesas de trabajo y los correctivos anunciados no han evitado el agravamiento de la crisis. “Quienes tengan responsabilidades tendrán que asumirlas”, afirmó la Defensoría.
Acceso a la salud en Bolívar y Cartagena: cifras y quejas
En ese contexto, las fallas en los servicios de salud también son una realidad en el departamento de Bolívar, donde hasta el 31 de diciembre de 2025, los indicadores de afiliación a los regímenes contributivo y subsidiado alcanzaban 2.284.753 personas, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
En 2025, la Defensoría del Pueblo recibió 3.585 reclamos por vulneraciones al derecho a la salud en el departamento, lo que representó un incremento del 2 % frente a 2024, cuando se registraron 3.523 quejas. Además, se contabilizaron 1.087 tutelas, de las cuales el 74 % correspondieron a negación en la prestación de servicios.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, explicó que la principal causa de las quejas fue la falta de entrega de medicamentos, concentrando el 45 % de los reclamos. Le puede interesar: Escasez de medicamentos en Cartagena: ¿qué está pasando y por qué?
“Lo que estamos viendo es el deterioro de la capacidad de entrega oportuna de medicamentos. También tenemos un asunto relacionado con la oportunidad de las citas médicas, que es la otra causa grande de quejas ante la Defensoría, y además tenemos un uso sostenido de acciones judiciales que terminan a veces en desacatos que no se cumplen”, explicó Marín en entrevista con El Universal.
Los registros destacan a Magangué como el municipio con mayor número de reclamos en 2025, seguido de Cartagena, Mompox, Achí y El Carmen de Bolívar. La mayoría de los casos involucran a EPS como Coosalud, Mutual Ser, Cajacopi y Nueva EPS.
Cartagena registró 539 reclamos por vulneraciones al derecho a la salud durante 2025, frente a 400 casos reportados en 2024.
Defensoría del Pueblo.
En Cartagena, datos del Consejo Superior de la Judicatura, citados por la Defensoría, indican que a septiembre de 2025 se habían presentado 366 acciones de tutela y 68 impugnaciones. Además, la tasa de iniciación de incidentes de desacato de tutela, a marzo de 2025, se ubicó en 19,3 %.
Crisis en el sistema de salud: causas y disputa por recursos
Según el análisis de la Defensoría, una de las causas de la problemática está relacionada con el flujo de recursos para financiar el sistema de salud.
“La Corte Constitucional ya dijo que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) era insuficiente y ordenó su ajuste. Esto ha sido reconocido por el Gobierno nacional, tanto que es una de las causales de la declaratoria de Emergencia Económica y Social, que necesita más recursos para la salud. Sin embargo, hay una disputa muy grande entre las EPS y el Gobierno nacional en torno a cuál es el impacto de esos flujos de recursos”, explicó la funcionaria.
Marín señaló que existen deudas atrasadas que impiden que los recursos fluyan con normalidad. “El Gobierno dice que no hará pagos adicionales antiguos hasta que no haya conciliación de cuentas, y hay EPS en las que no se ha podido llegar a una conciliación. También es cierto que falta transparencia o claridad respecto del tema”, indicó.
La falta de flujo de recursos ha generado un efecto en cadena: las EPS no pagan oportunamente a los proveedores, incluidos los gestores farmacéuticos, y estos a su vez a las farmacéuticas. Como consecuencia, algunos gestores han comenzado a retirarse.
“El Gobierno ha tomado la decisión de intervenir a diferentes EPS, una de ellas es Coosalud, que presta la mayor cantidad de atención en el departamento de Bolívar. Pero también hemos visto que la falta de continuidad en las interventorías y que, en general, la intervención no ha redundado en una mejor gestión de las EPS”, afirmó. Le recomendamos: Tras varios días de cierre, habilitan otra vez el centro de salud de Pasacaballos
Defensoría activa mesas de diálogo con las EPS
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo reitera la necesidad de una reforma estructural a la salud. Mientras tanto, ha activado mecanismos de diálogo con las EPS para proteger de manera inmediata el derecho a la salud.
“Ya hicimos con la Nueva EPS, hicimos con Famisanar el viernes pasado, y vamos a ir avanzando con las EPS que tienen mayor cobertura poblacional para revisar cada uno de estos temas”, precisó la defensora del Pueblo.
El proceso consiste en mesas de trabajo que reúnen a todos los actores involucrados, con acompañamiento de la Contraloría y la Procuraduría. La Defensoría presenta cifras, quejas y encuestas; las EPS exponen sus datos y planes de acción; y posteriormente se realiza seguimiento para mejorar la atención.
“Hay muchas cosas que no van a depender de esos espacios y eso lo sabemos porque son problemas más grandes que la capacidad de decisión que tenemos, pero sí esperamos que puedan aliviar algunos de los temas más críticos”, concluyó Iris Marín.