A través de una carta dirigida a la Alcaldía de Cartagena, y en especial a entidades como la Secretaría del Interior y el Establecimiento Público Ambiental (EPA), habitantes del barrio El Cabrero manifestaron su inconformidad por los altos niveles de ruido que se presentaron en un evento que se realizó tras la inauguración de la nueva Plaza de Variedades, contigua al Parque Espíritu del Manglar.
“Durante aproximadamente seis horas continuas, el volumen del concierto alcanzó niveles desproporcionados, afectando gravemente nuestra tranquilidad, descanso y derecho a la convivencia pacífica. El sonido se percibía dentro de nuestras viviendas como si el evento estuviera realizándose en la sala de nuestras casas o apartamentos, obligándonos a cerrar puertas y ventanas sin lograr mitigar el impacto”, indicaron.
Los vecinos señalaron que El Cabrero es un barrio residencial, por lo cual aunque reconocen la importancia de la realización de este tipo de eventos en la ciudad, pidieron mayor control y monitoreo al nivel de ruido.
“Entendemos y valoramos la realización de actividades culturales y recreativas en la ciudad. No obstante, estas deben desarrollarse respetando las normas sobre niveles máximos de emisión sonora y garantizando el equilibrio entre el disfrute público y el bienestar de los residentes del sector”, puntualizaron.
EPA se pronuncia sobre competencias en control de ruido
Tras la misiva enviada por la comunidad, desde el Establecimiento Público Ambiental (EPA) explicaron que conforme al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), las competencias para el control de ruido las tiene la Policía.
“Cuando se presenten situaciones que afecten el sosiego de la comunidad por la generación de ruido en actividades, reuniones, eventos, establecimientos de comercio o cualquier medio de producción sonora que trascienda al espacio público o afecte a terceros, la autoridad de Policía se encuentra plenamente facultada para adoptar las medidas correctivas correspondientes”, dijeron.
Señalaron que estas facultades también han sido reforzadas y complementadas mediante la Ley 2450 de 2025, que establece lineamientos para la gestión de la contaminación acústica y reafirma las competencias de las autoridades territoriales y de Policía para prevenir, controlar y sancionar comportamientos que generen afectaciones por ruido.
“Es importante precisar que, para efectos del control policivo de comportamientos contrarios a la convivencia no es requisito obligatorio la realización de mediciones sonométricas para que la autoridad de Policía pueda adoptar las medidas correctivas establecidas en la ley”, dijeron.
En este sentido, indicaron que el control también puede hacerse a través de testimonios de las personas afectadas, grabaciones o registros audiovisuales, actas o informes elaborados por autoridades o comités de convivencia y mediciones técnicas cuando se disponga de los equipos correspondientes.
“Los implementos de medición acústica constituyen un medio técnico complementario, los cuales pueden ser utilizados por la autoridad competente para acreditar la superación de los niveles permitidos, pero su ausencia no limita la facultad de la autoridad de Policía para intervenir cuando exista una perturbación de la convivencia”, puntualizaron.