Tras años de luchas, de procesos judiciales y policivos y de gran incertidumbre, las familias afectadas por el fallido proyecto habitacional Aquarela por fin podrán ser reparadas y tener un final feliz. Así lo reveló Ángel Rodríguez, designado por el Distrito de Cartagena como interventor del proyecto, quien en una entrevista exclusiva para El Universal indicó que se llegó a un acuerdo que permitirá que les devuelvan el dinero a las familias que apostaron sus sueños y sus ahorros para ser dueñas de apartamentos.
El acuerdo representa un gran logro en medio de uno de los casos urbanísticos más polémicos de la ciudad, pues hay que recordar que el proyecto Aquarela, que quedó inconcluso tras decisiones administrativas y judiciales, terminó convirtiéndose en un proceso de liquidación y reparación para cientos de compradores. Lea: La firma que permitirá el pago a compradores afectados por el proyecto Aquarela
La demolición
La torre Aquarela fue demolida en el 2024 tras las gestiones de la administración del alcalde Dumek Turbay, teniendo en cuenta que ponía en riesgo la declaratoria de Patrimonio Histórico de la Humanidad de la ciudad, emitida por la Unesco, teniendo en cuenta la cercanía de la estructura con el Castillo San Felipe de Barajas.
Desde entonces, caso entró en una fase jurídica enfocada en resarcir a los afectados. Para ello, el proceso se ha centrado en vender los tres lotes donde se iba a desarrollar el proyecto: dos de menor extensión, que están a nombre de la Promotora Calle 47 S. A. S., y un tercer lote, el de mayor tamaño, que se encuentra bajo un encargo fiduciario administrado por Alianza Fiduciaria.
Es precisamente sobre este último predio donde se concentraron los mayores obstáculos legales y financieros, pero también donde hoy se abre la puerta definitiva para devolver los recursos.
Rodríguez, agente interventor de la Promotora Calle 47, la sociedad constructora del proyecto, explicó que al asumir el proceso encontró una empresa sin capacidad económica para responderles a los compradores.
“La sociedad no tenía activos suficientes para pagar a los acreedores”, afirmó y detalló que las obligaciones con los afectados ascienden a $8.793.203.713. Ante ese panorama, se inició la liquidación forzosa administrativa y comenzaron a buscar activos que permitieran conformar una masa para cubrir las deudas. En ese ejercicio, se identificó que la promotora tenía una participación del 10 % en el fideicomiso Aquarela, cuyo plazo finalizó el 15 de julio de 2025, explicó Rodríguez.
Sin embargo, al solicitar su liquidación anticipada para recuperar recursos, la fiduciaria se negó. “Nos dijeron que no, que ese 10 % no era suficiente para acabar el fideicomiso”, agregó el interventor.
La presión jurídica que destrabó el proceso
Ante la negativa, la intervención emprendió una serie de acciones legales. Primero, requirió al exrepresentante legal para rendir cuentas, pero tampoco hubo respuesta favorable. Luego, acudió a instancias como la Superintendencia de Sociedades y la Junta Central de Contadores.
El paso determinante fue la acción de protección al consumidor interpuesta ante la Superintendencia Financiera, con la que se buscó hacer responsables solidarios a la fiduciaria y a los demás fideicomitentes del proyecto. “Cuando esto empezó a avanzar y se avecinaban multas y sanciones, ellos nos llamaron a conciliar”, relató el interventor. Ese acercamiento derivó en la firma de un contrato de transacción que hoy permite destrabar el proceso. Rodríguez indicó que el acuerdo, firmado recientemente, establece que el lote de mayor extensión será vendido y que con esos recursos se pagará a los afectados. Para ello, se firmaron dos documentos: el contrato de transacción y un “otro sí” que modifica el objeto del fideicomiso. “Ese fideicomiso queda como una fiducia de parqueo, con el único objetivo de vender el lote, recibir los recursos y pagarles a las víctimas”, explicó Rodríguez.
Así devolverán el dinero
El pago se realizará en dos etapas. Primero, a los compradores reconocidos dentro del proceso de liquidación forzosa administrativa. “Son alrededor de 179 personas que suman 3.836.321.730 pesos, aproximadamente”, dejó ver el interventor.
Con los recursos restantes se pagará a los demás afectados que no hicieron parte del proceso a tiempo, pero que están registrados en la base del fideicomiso, completando el grupo de afectados por $8.793.203.713.
“Ellos quedan como beneficiarios del fideicomiso y se les pagará posteriormente”, agregó el funcionario.
El acuerdo también contempla levantar las acciones legales que estaban en curso.
“Estoy renunciando a la denuncia ante la Superintendencia Financiera y levantamos las demás acciones porque ya se cumplió y estamos llegando a un acuerdo”, explicó Rodríguez.
En los próximos días, los afectados serán convocados a una reunión en la que se les explicará el procedimiento para acceder a los pagos. Deberán actualizar su información ante la fiduciaria, que será la encargada de desembolsar los recursos una vez se concrete la venta del lote.
Rodríguez aseguró que hará seguimiento permanente al proceso. “Voy a estar pendiente de todo, para que se haga de la mejor manera”, dijo.
Así, tras años de incertidumbre y de un proceso lleno de trabas jurídicas, vender el lote principal de Aquarela será la vía definitiva para que cientos de familias afectadas recuperen el dinero que invirtieron en un proyecto fallido.