La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra Catalina del Carmen Ramírez Villanueva, magistrada del Tribunal Superior de Cartagena, señalada como presunta responsable de los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros agravado, por hechos relacionados con decisiones adoptadas cuando se desempeñaba como jueza laboral del circuito de Barranquilla, en el Atlántico.
De acuerdo con el ente investigador, la funcionaria libró un mandamiento de pago por más de 1.697 millones de pesos en favor de un pensionado, en una decisión emitida el 10 de julio del 2013 que, según la Fiscalía, habría desconocido la normatividad vigente y las pruebas existentes dentro del proceso.
La investigación indica que las mesadas pensionales que sustentaban la reclamación ya habían sido desembolsadas de manera completa y oportuna por el entonces Instituto de Seguros Sociales (ISS). Pese a ello, la decisión judicial autorizó el pago de recursos adicionales. Lea: Imputada magistrada de Cartagena por presunto desfalco pensional
La Fiscalía sostuvo que la actuación judicial también incrementó de manera injustificada el valor inicial de 571 millones de pesos que la misma funcionaria había liquidado previamente en un auto fechado el 24 de mayo del 2010. Según el expediente, a esa suma se le incluyeron pagos ya realizados por el ISS, además de intereses moratorios e indexación.
Argumentos de la Fiscalía en proceso contra la magistrada Catalina Ramírez Villanueva
El ente acusador aseguró que esta determinación se produjo pese a que el Tribunal Superior de Barranquilla había ordenado expresamente que el crédito debía establecerse en “cero” porque las obligaciones pensionales estaban cubiertas en su totalidad.
De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, la decisión judicial favoreció al accionante, permitiéndole apropiarse de recursos correspondientes a mesadas que el ISS ya había pagado oportunamente, situación que, según la Fiscalía, ocasionó un detrimento patrimonial para el Estado. Cabe señalar que tras radicar el escrito de acusación, ahora la Fiscalía procederá a solicitar la audiencia para la acusación formal, para posteriormente empezar el juicio.