La discusión sobre la creación de una empresa pública para prestar los servicios de agua potable, alcantarillado y aseo integral continúa en Cartagena.
El debate tomó fuerza luego de que el pasado 4 de agosto concluyera una audiencia pública en el Concejo Distrital, que se extendió durante tres días y en la que participaron agremiaciones, ciudadanos, concejales y representantes de Aguas de Cartagena. Lea: Finalizó debate sobre proyecto para crear empresa de servicios públicos en Cartagena
En este contexto, los accionistas clase B de Acuacar emitieron este lunes un comunicado en el que expresaron su posición frente a la iniciativa liderada por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay. La propuesta, de ser aprobada, marcaría el inicio del desmonte del modelo de prestación de los servicios que actualmente lideran Veolia y Aguas de Cartagena, vigente desde la década de 1990.
Los accionistas manifestaron su respaldo institucional “a una empresa que durante más de 31 años ha contribuido al desarrollo de Cartagena mediante la prestación de los servicios esenciales de acueducto y alcantarillado”.
Asimismo, señalaron: “Reconocemos plenamente las facultades de vigilancia, control y seguimiento de las autoridades. Sin embargo, consideramos que cualquier decisión sobre la continuidad, modificación o terminación del contrato debe sustentarse en hechos verificables, estudios técnicos y financieros, fundamentos jurídicos sólidos y pleno respeto por el debido proceso”.

Accionistas de Acuacar piden prudencia y hacen advertencia
Los accionistas agregaron que durante más de tres décadas Aguas de Cartagena ha contribuido a ampliar la cobertura, modernizar la infraestructura y realizar inversiones para garantizar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.
“Este constituye un patrimonio institucional que pertenece a Cartagena y que debe ser valorado con responsabilidad”, señalaron.
También expresaron preocupación ante la posibilidad de que se tome una decisión antes de que existan conclusiones definitivas sobre el futuro del contrato. Le recomedamos:Lo que preocupa a la Procuraduría del nuevo modelo para el agua y el aseo en Cartagena
“Nos preocupa que una decisión de esta magnitud pueda adoptarse antes de contar con conclusiones definitivas, pues una eventual declaratoria de caducidad que posteriormente sea controvertida podría generar importantes consecuencias económicas y jurídicas para el Distrito y la ciudad”, indicaron.
Por esta razón, hicieron un llamado “a la prudencia, al diálogo institucional y a la responsabilidad”, y pidieron que el futuro de Aguas de Cartagena se defina con base en “cifras, pruebas y criterios técnicos y jurídicos, y no en posiciones políticas o coyunturales”.