Uno de los temas que tiene a la expectativa a Cartagena es sobre la creación de una empresa pública de servicios, especialmente lo que concierne al agua potable, alcantarillado y limpieza integral.
El proyecto de Acuerdo, el cual se sigue analizando en el Concejo Distrital, propone la creación de la Empresa Oficial de Servicios Públicos de Cartagena E.S.P., una entidad con capital 100 % público.
Según el Distrito, esta empresa asumiría el control, la planeación y la optimización de los servicios esenciales de la ciudad, evitando que manejos privados afecten la dignidad y calidad que requiere el servicio a las comunidades.
Además, la iniciativa marcaría el inicio del desmonte definitivo del modelo de privatización absoluta, hoy liderado por Veolia y Aguas de Cartagena (Acuacar), que impera desde los años 90. Lea también: Así sería la nueva empresa de acueducto y alcantarillado para Cartagena
¿Qué dijo la Procuraduría sobre el proyecto de una nueva empresa de servicios públicos para Cartagena?
Sobre el tema, la Procuraduría General de la Nación emitió advertencias formales dirigidas a las autoridades de la ciudad. La entidad enfatizó la necesidad de garantizar la continua prestación de los servicios públicos esenciales, incluyendo agua potable, aseo y alcantarillado.
En respuesta a la situación planteada, la Procuraduría Regional de Bolívar anunció la puesta en marcha de una vigilancia especial. El ente de control señaló que esta medida responde directamente a las directrices establecidas por la Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial.
La entidad confirmó que, en el marco de sus acciones preventivas, ejecutará esta supervisión con el fin primordial de asegurar la no interrupción de los servicios a los ciudadanos. Según la Procuraduría, la vigilancia también buscará mantener la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad en la prestación de dichos servicios.
Durante la plenaria de la corporación edilicia, el Ministerio Público enfatizó la crucial necesidad de que las autoridades presenten razones claras. “La primera es sobre el sustentos técnicos, jurídicos, financieros, patrimoniales, ambientales y de gestión de riesgo, que demuestren de manera objetiva la mejor alternativa para la ciudad; segundo, tiene que haber una transición que no ponga en riesgo la continuidad, cobertura, eficiencia y sostenibilidad del servicio; tercero, una planeación a la transición que establezca cronogramas, protocolos operativos, etapas de implementación y mecanismos efectivos que garanticen un servicio sin afectaciones; y cuarto, se debe garantizar la protección de los usuarios y del patrimonio público”, señaló el procurador Regional de Bolívar, Raúl Guerrero, en el inició de la audiencia pública sobre la iniciativa.
¿Qué garantías adicionales exige la Procuraduría sobre la creación de una nueva empresa de servicios públicos para Cartagena?
El ente de control insistió firmemente en la protección de los derechos colectivos de la ciudadanía. Asimismo, la Procuraduría subrayó la importancia de un manejo adecuado y transparente de los recursos públicos. Le puede interesar: Finalizó debate sobre proyecto para crear empresa de servicios públicos en Cartagena
Adicionalmente, el Ministerio Público manifestó una alta preocupación por el posible impacto que la nueva gerencia pueda generar en el precio de las tarifas de los servicios. Ante esta inquietud, la entidad solicitó información detallada sobre la forma en que las autoridades planean garantizar la gestión de quejas y reclamos de los ciudadanos.
Asimismo, pidió explicaciones sobre los procesos de facturación, recaudo y atención de emergencias durante cualquier eventual transición institucional que se presente. La Procuraduría busca asegurar que la ciudadanía continúe recibiendo un servicio ininterrumpido y eficiente.
“El agua potable y el saneamiento básico no admiten improvisación. Es una decisión que se debe tomar con suma responsabilidad, con prevención, cautela, planeación y apego estricto al régimen legal vigente”, concluyó el procurador regional durante la plenaria en el Concejo.