Tras el anuncio del pasado 1 de junio, por parte del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, de la presentación al Concejo Distrital de un proyecto para que la ciudad administre sus servicios públicos, especialmente agua, alcantarillado y limpieza integral, el mandatario presentó formalmente la iniciativa que busca cambiar de raíz el panorama de la infraestructura y la atención comunitaria en la ciudad.
El proyecto de Acuerdo propone la creación de la Empresa Oficial de Servicios Públicos de Cartagena E.S.P., una entidad con capital 100 % público. Esta empresa asumiría el control, la planeación y la optimización de los servicios esenciales de la ciudad, evitando que manejos privados afecten la dignidad y calidad que requiere el servicio a las comunidades.
Ahora, el alcalde busca fortalecer la prestación del servicio con esta iniciativa, la cual tendrá su Audiencia Pública el próximo 15 de julio ante los cabildantes. Lea también: Nueva empresa de acueducto en Cartagena: usuarios hacen llamado al Distrito
Según el Distrito, este paso marca el inicio del desmonte definitivo del modelo de privatización absoluta que ha imperado desde los años 90, devolviendo al Distrito un rol activo en la fiscalización y control de los recursos.
Alcalde Dumek Turbay propone crear una nueva empresa de acueducto y alcantarillado
El proyecto de Acuerdo propone la creación de la Empresa Oficial de Servicios Públicos de Cartagena E.S.P., una entidad con capital 100 % público. Esta empresa asumirá el control, la planeación y la optimización de los servicios esenciales de la ciudad, evitando que manejos privados afecten la dignidad y calidad que requiere el servicio a las comunidades.
El alcalde explicó que esta nueva entidad no generará cargas adicionales para la ciudadanía. “Lo primero que hay que ratificar es que la creación de la nueva empresa no representará sobrecostos o alzas en tarifas pagadas por la ciudadanía. Tampoco representará un fortín burocrático o un reino de intereses particulares que hagan que la solución sea peor que la enfermedad que hoy nos invade de cortes de agua y de energía; y, obviamente, esta será una empresa moderna y vanguardista que despeje todo temor a que lo público es igual a lentitud en la gestión, pues con el control distrital de escenarios como el Nuevo Chambacú hemos demostrado que sí se puede con óptimos resultados”, expuso.
Y agregó: “Luego de analizar todos los escenarios y denotar presuntos engaños a la ciudad, no podíamos seguir tolerando que privados hagan fiesta con los derechos de la gente. Cartagena nos eligió para solucionar problemas y no para compartir mesa y mantel con quienes quieren fregarnos, a través de eufemismos como ‘racionamientos sistemáticos para hacer mantenimientos’, cuando hemos comprobado que son tácticas de presión para pedir más plata, sin importarles el sufrimiento de la gente. El agua que necesitan para comer, para bañarse con estos calores y no tener pilas de basura como vecinos permanentes”.
“Cartagena no es un cajero automático para empresas privadas ni una ciudad experimento para que se prueben tácticas de presión empresarial en desmedro de los derechos de la gente”.
Dumek Turbay Paz, alcalde mayor de Cartagena.
¿Ha funcionado el modelo privado de servicios en Cartagena?
Desde la liquidación de las Empresas Públicas Distritales en 1993, Cartagena delegó la operación de sus servicios a consorcios privados y mixtos como Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. (Acuacar), Veolia y Pacaribe. Si bien este esquema representó una solución temporal en materia de eficiencia operativa, los últimos años evidenciaron un desgaste crítico.
Entre 2024 y 2026, el Distrito explicó que se registró un ostensible deterioro en la cobertura de agua potable, a pesar de que Acuacar obtuvo una prórroga contractual de 13 años bajo la promesa de garantizar la continuidad del servicio.
Los reclamos de los usuarios también se dispararon. Las peticiones, quejas y reclamos (PQRS) aumentaron un 250 % entre 2020 y 2025, en contraste con el histórico del 100 % anual en las dos décadas anteriores. Le recomendamos leer:
En cuanto a las tarifas de aseo, el tránsito hacia el esquema de “libertad de competencia” en el año 2014 rompió los lazos contractuales directos con el Distrito. Las juntas directivas de las empresas de aseo adoptaron tarifas que hoy se posicionan como las más costosas de toda Colombia, al tiempo que Pacaribe pasó de ser superavitaria a deficitaria, y Veolia duplicó la facturación de Acuacar atendiendo a menos del 50 % de la población.
La exposición de motivos del proyecto de acuerdo señala que “el ánimo rentístico del denominado ‘Socio Operador’ ha superado su compromiso para el mejoramiento y prestación eficiente de los servicios”.
La administración distrital evaluó tres caminos técnicos para solucionar la crisis institucional. El primer esquema, una empresa mixta, permite la entrada de nuevos agentes de mercado y cofinanciación regional, pero no se diferencia del modelo ineficiente actual y requería reajustar los subsidios municipales.
El segundo camino consiste en mantener los esquemas actuales, el cual aprovecha la experiencia técnica ya instalada de los operadores privados, pero con el riesgo del deterioro progresivo del servicio, la desatención de la zona rural e insular y altos costos en perjuicio del ciudadano.
Finalmente, el Gobierno Distrital seleccionó la creación de una Empresa Distrital Oficial. De acuerdo con la Alcaldía, este esquema garantiza el control total del Distrito, fortalece la vigilancia local, protege la inversión pública y soluciona prioridades de la población rural.
La Alcaldía señaló que el modelo requiere liberar la infraestructura actual y exige blindar la entidad de la politización a través de un gobierno corporativo riguroso.
¿Cómo operaría la nueva empresa de acueducto y alcantarillado para Cartagena?
El proyecto de Acuerdo define la estructura jurídica y financiera de la nueva entidad. La Empresa Oficial de Servicios Públicos de Cartagena E.S.P. se constituirá bajo la forma de Empresa Industrial y Comercial del Estado.
Un gerente general, designado por el alcalde, la administrará, y una Junta Directiva la conformará con dos terceras partes (2/3) de delegados de la Alcaldía y una tercera parte (1/3) de Vocales de Control elegidos por los Comités de Desarrollo y Control Social.
La entidad contará con un capital inicial de diez mil millones de pesos ($10.000.000.000 COP) aportados en su totalidad por el Distrito. Sus contratos se regirán por el Derecho Privado con el fin de garantizar agilidad comercial, y su personal tendrá la condición de trabajadores oficiales. La Secretaría General del Distrito supervisará directamente la empresa.
La entidad no se limitará al acueducto y alcantarillado. Tendrá facultades legales para diseñar, expandir y operar infraestructura de aseo, energía eléctrica, telefonía y alumbrado público (servicio que actualmente cuenta con el apoyo estratégico de las Empresas Públicas de Medellín - EPM) tanto dentro como fuera de la jurisdicción de Cartagena.
La Secretaría de Hacienda Distrital emitió la Certificación de Impacto Fiscal Viable, asegurando que el proyecto no altera las metas del Plan Financiero del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025-2034, ni requiere rentas sustitutas o exenciones tributarias que desestabilicen las arcas del Distrito. El Consejo de Política Fiscal de Cartagena (CONFISCAR) también evaluó y aprobó formalmente el proyecto.
Milton José Pereira, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito, explicó que el articulado del proyecto blinda financieramente a los cartageneros. “Se establece explícitamente que la infraestructura y equipos del Distrito transferidos a la nueva empresa no podrán incluirse en el cálculo de las tarifas cobradas a los usuarios, considerándose un subsidio implícito permanente con base en la aplicación de las metodologías fijadas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, y demás autoridades competentes”, dijo.
Y añadió: “Asimismo, el alcalde queda autorizado para garantizar el flujo de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) para la cobertura de subsidios a los estratos de menores ingresos”.
Este cambio institucional se alinea directamente con la Línea Estratégica 5 (“Innovación Pública y Participación Ciudadana”) y el componente de “Vida Digna” del Plan Distrital de Desarrollo “Cartagena Ciudad de Derechos”.
Así, la nueva empresa será la herramienta clave para ejecutar el Plan Maestro de Servicios Públicos de la Zona Insular y la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).
El enfoque principal se centrará en atender las deudas históricas de agua potable y saneamiento básico en los corregimientos y comunidades dispersas, con estrategias que priorizarán la participación de comités comunitarios liderados por mujeres y bases territoriales.
Tras cursar su trámite en el Concejo, el cabildo tendrá un año para otorgar las facultades extraordinarias al mandatario local y dar vida a la empresa de servicios públicos cartageneros. Le puede interesar: