Tras varios años de proceso adelantado por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia (Superfinanciera), un comprador de un proyecto de vivienda en la Zona Norte de Cartagena recuperará la totalidad de su inversión. Según la firma Orjuela Cortes Abogados, un acuerdo conciliatorio con la fiduciaria lo confirmó.
Este evento puso fin a un litigio que involucró al Proyecto Volare Mare y estableció un nuevo precedente para la protección de compradores de vivienda en el país. El cliente logró así la restitución de su capital después de años de incertidumbre.
El comprador, quien esperó por años la entrega de un apartamento que nunca se materializó, recuperará la totalidad del capital invertido. Un acuerdo conciliatorio facilitó esta restitución. Lea también: Las quejas de compradores contra proyecto ubicado en la Zona Norte
Este proceso de protección al consumidor financiero se llevó a cabo ante la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superfinanciera. Al final, la autoridad judicial aprobó este acuerdo.
“El pacto puso fin al litigio mediante el compromiso de Fiduciaria Central S.A., que actuó en nombre propio y como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Proyecto Volare Mare. Fiduciaria Central S.A. restituyó al demandante la totalidad de los recursos aportados y entregó una suma económica adicional que las partes acordaron”, indicó Orjuela Cortes Abogados.
La situación del proyecto Volare Mare en Cartagena
El proyecto urbanístico lleva más de 10 años en Cartagena, en el cual cientos de familias invirtieron sus ahorros para obtener su vivienda propia en este sector. La residencia se levanta en la vía al Mar Cartagena - Barranquilla y hoy se muestra con contrastes distintos.
La urbanización muestra varias etapas. En las 1 y 2 se observa que avanza a paso lento y donde incluso hay personas viviendo, mientras que las 3, 4 y 5 fueron declaradas fallidas. Tras esto, varios copropietarios interpusieron una demanda colectiva tras los presuntos incumplimientos en las entregas.
Cabe recordar que en el 2022, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena admitió una acción de grupo, con el objetivo de que los compradores afectados solicitaran en un solo proceso el reconocimiento de la indemnización de sus perjuicios, junto con la devolución de su inversión.
El proyecto en su etapa inicial fue ofertado por RA Constructores, quienes tiempo más tarde informaron que habían quebrado. Luego llegó Altium Desarrollo Inmobiliario SAS, asegurando que la posición como fidecomitente desarrollador fue aceptada por Fiduciaria Central S.A. el 22 de diciembre del 2022.
Sin embargo, el medio El Tiempo tuvo acceso al informe periódico del Fideicomiso, correspondiente al corte del 31 de enero de 2026, donde señala que “Altium suma una deuda bancaria que sigue escalando, mientras el avance físico parece haberse estancado en la fase de acabados y urbanismo”.
Comprador de Volare Mare recuperará su inversión
Orjuela Cortes Abogados fue enfático en señalar que el comprador no recibirá la vivienda que esperaba desde hacía varios años. Sin embargo, el resultado constituye una solución “efectiva” para uno de los mayores riesgos que enfrentan quienes invierten en proyectos sobre planos.
Durante el proceso judicial, la firma señaló que las partes expusieron cuestionamientos sobre la actuación de la sociedad fiduciaria en la estructuración y administración del negocio. Le puede interesar: Vivienda VIS: ventas de Bolívar crecieron en el primer semestre de 2026
Estos incluyeron una presunta ausencia de verificación suficiente de la viabilidad financiera del proyecto antes de autorizar el giro de recursos. También señalaron la liberación de dineros sin un cierre financiero plenamente acreditado y la falta de verificación independiente del punto de equilibrio.
Además, detectaron deficiencias en la información para los compradores y la ausencia de controles adecuados ante las dificultades que surgieron durante la ejecución del proyecto. Estos aspectos formaron parte del debate jurídico desarrollado en el proceso.
“La documentación analizada durante el litigio evidenció que la fiduciaria exigió al nuevo desarrollador estudios financieros, acreditación de solvencia, flujos de caja y soportes años después del inicio del proyecto. Según la posición del demandante, los responsables debieron revisar estos elementos desde la etapa inicial del negocio fiduciario”, indicó la firma de abogados.
Y agregó: “Los documentos incorporados al expediente quedaron registrados: inconsistencias financieras, incertidumbre sobre las fuentes de financiación y dudas acerca de la suficiencia de recursos para culminar la obra”.
La firma concluyó que este acuerdo pone fin a un proceso que examinó actuaciones relevantes para la protección del consumidor financiero y para los estándares de diligencia que se exigen a las entidades fiduciarias.