Residentes del edificio Lazuli Towers 2, un proyecto de Vivienda de Interés Social (VIS) ubicado en la urbanización Los Almendros de Cartagena, manifestaron su inconformidad por diferentes situaciones que, según aseguran, han afectado su calidad de vida.
De los 201 apartamentos que tiene la torre, al menos 170 ya se encuentran habitados. La entrega de las viviendas comenzó en febrero de 2025. Le recomendamos: Propietarios de edificio Lotus denuncian corte de luz intermitente: esto dice la constructora
Saida Salas, administradora y representante legal de los propietarios, explicó a El Universal que las principales inconformidades están relacionadas con los servicios públicos.
“A nosotros se nos cobraron por anticipado los contadores de energía por un valor de casi dos millones de pesos y somos apartamentos VIS, cuando esto no es el valor real. Hasta el 2 de junio de 2026 fue que se hizo la individualización de la energía y eso porque se hicieron varias peticiones y mesas de trabajo con Afinia”, explicó.
No obstante, señaló que actualmente existe otra preocupación relacionada con el servicio de energía. Según Salas, hay una deuda superior a los $140 millones que la constructora pretende atribuir a los propietarios.
Residentes del edificio Lazuli Towers 2 también reclaman por el servicio de agua
La falta de independencia del servicio de agua es otra de las preocupaciones de los habitantes.
“El edificio cuenta en estos momentos con un tanque subterráneo de 100 metros cúbicos y dos tanques elevados de 40 metros cúbicos, pero la capacidad de la tubería que entra al edificio es de 3/8, porque dependemos de un solo medidor. Hasta que no se haga la individualización, colocarán la tubería correcta de dos pulgadas”, afirmó Salas.
Además, explicó que los cortes de agua que realiza Aguas de Cartagena y que, en ocasiones, afectan el sector donde está ubicada la edificación han obligado a los residentes a comprar agua mediante carrotanques.
Según indicó, durante más de dos semanas han tenido que adquirir este servicio, con un gasto superior a los $3 millones.
A estas dificultades se suman, según los habitantes, otros reclamos relacionados con el proyecto. Entre ellos mencionan que estuvieron más de un año sin ascensor, deficiencias en algunos acabados y que las zonas comunes aún no habrían sido entregadas.
En medio de estas inconformidades, la administración del edificio señala que Project Constructions S.A.S., constructora cartagenera encargada de ejecutar el proyecto, no ha ofrecido una solución definitiva a sus reclamos.
Project Constructions S.A.S. responde a los reclamos de los residentes
Por su parte, Project Constructions S.A.S., expuso a este medio su posición frente a las inconformidades relacionadas con los servicios públicos y otros aspectos del proyecto, cuyos apartamentos fueron entregados a partir de 2025 y que, según la compañía, todavía se encuentran dentro del periodo de postventa y garantía.
Daniela Olivera, abogada y apoderada de la constructora, explicó que el 19 de diciembre del año pasado la ingeniera a cargo del proyecto, junto con la administración del edificio, realizó un recorrido en el que se explicaron las dinámicas de la edificación, se entregaron las llaves y se formularon observaciones relacionadas con detalles como pintura y baldosas.
De acuerdo con Olivera, estas observaciones fueron atendidas en su totalidad. Le sugerimos: Condenan al Distrito por omisión en vigilancia del edificio Blas de Lezo II
Sobre el servicio de energía, la constructora confirmó que la individualización se realizó el 2 de junio de 2026. Sin embargo, señaló que entre abril y diciembre de 2025 se generó una deuda por consumo de energía de las zonas comunes de $120 millones, correspondiente a un único recibo para todo el edificio.
Según la empresa, esta deuda fue pagada por la constructora para evitar la suspensión del servicio, pero posteriormente está siendo cobrada a los copropietarios, al considerar que correspondía a un consumo generado por ellos.
La compañía agregó que entre enero y el 2 de junio de 2026 se acumuló una nueva deuda de energía por $120 millones, cuyo pago, según su posición, también corresponde a los propietarios.
“Nuestra respuesta es clara: es una obligación de los propietarios, tal como lo estipula la cláusula décima del contrato de promesa de compraventa que todos firmaron. Allí se indica de manera clara, específica y tácita que, una vez firmada la escritura, el comprador debe hacerse cargo de todos los gastos, servicios públicos, impuesto predial y contribución por valorización. No es un asunto de interpretación”, afirmó Olivera.
¿Qué dice la constructora sobre la deuda de agua?
Respecto al servicio de agua, Olivera explicó que entre marzo y agosto de 2026 se acumuló una deuda superior a los $26 millones con Aguas de Cartagena, correspondiente al consumo de los propietarios de los apartamentos. Según aseguró, son ellos quienes deben asumir este pago, tal como lo establece el contrato de compraventa.
A la fecha, la empresa aseguró que está a la espera de un aval de Aguas de Cartagena para avanzar en la individualización del servicio.
“Sin embargo, quiero aclarar que una vez que el agua esté individualizada, la obligación que tienen los propietarios de pagar el remanente que deben a Aguas de Cartagena no se va a borrar. Nosotros, como constructora, lo que hacemos con el dinero de la minoría de personas que sí paga es ahorrarlo enseguida para abonar a las deudas de agua o luz y evitar que se altere el saldo”, explicó la abogada.
Finalmente, la constructora aseguró que ha ganado más de 27 procesos individuales de los propietarios ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), los cuales, expresó Olivera, ratifican la transparencia de la compañía y la calidad con la que ejecutan los proyectos de vivienda.
En cuanto a las acciones de tutela, la defensora señaló que la empresa ha enfrentado siete procesos relacionados con los servicios públicos, así como con los acabados de este mismo edificio. Afirmó que, en ninguno de estos casos, un juez ha fallado en contra de la compañía, al considerar que no existen argumentos que sustenten una decisión desfavorable.
