En un operativo conjunto entre Aguas de Cartagena y la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, fue detectada y eliminada una conexión ilegal de agua potable en un lavadero ubicado en el barrio Olaya, sector El Progreso. La conexión registraba una defraudación estimada de 900.000 litros mensuales, equivalente al consumo de aproximadamente 100 viviendas.
Este tipo de conexiones no autorizadas alteran las condiciones hidráulicas de la red, afectan las presiones, generan pérdidas y fugas, aumentando los riesgos de contaminación, con posibles efectos sobre la calidad, continuidad y confiabilidad del servicio de acueducto.
¿Qué otras acciones ilegales cometía el lavadero?
Además, el procedimiento permitió establecer que el lavadero realizaba vertimientos directos de aguas provenientes de su actividad al sistema de alcantarillado, los cuales, por las características propias de este tipo de operación, pueden contener sólidos suspendidos, sedimentos, grasas, aceites, combustibles y sustancias provenientes de los productos de limpieza utilizados. Lea también: Detectan conexión ilegal de agua en Membrillal: consumía lo de 250 familias
La descarga directa de estos elementos, sin los sistemas de retención requeridos, favorece a la acumulación de residuos, sedimentación y obstrucción de las redes, afectando su funcionamiento y la prestación del servicio de alcantarillado en el sector.
Aguas de Cartagena fortalece el control de pérdidas
La empresa continuará desarrollando acciones de vigilancia y control para identificar situaciones que puedan comprometer la operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado. Le recomendamos: Detectan conexiones ilegales de agua en dos hoteles de Cartagena
Estas labores buscan proteger la infraestructura, reducir las pérdidas de agua, preservar la calidad del recurso y contribuir a una prestación continua, segura y eficiente de los servicios, como parte del compromiso de Aguas de Cartagena con el bienestar y la salud de la comunidad.
Asimismo, Acuacar recuerda a la ciudadanía que la defraudación de fluidos es un delito e implica el pago de los consumos estimados en los últimos cinco meses, los cuales en este caso serían cercanos a los $64 millones, además de sanciones con multas que pueden alcanzar hasta $250 millones, y penas de hasta seis años de prisión, de acuerdo con la legislación colombiana.
