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Cartagena

Jueces en Cartagena rechazan reforma y advierten posibles cierres de despachos

Los funcionarios se reunieron en el Cuartel del Fijo, en el Centro Histórico, para abordar dos artículos del proyecto de Ley de Rescate Económico.

Jueces en Cartagena rechazan reforma y advierten posibles cierres de despachos

Jueces advierten posibles cierres de despachos y más congestión en la justicia. // Cortesía - Cuartel del Fijo

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Los jueces de Cartagena se reunieron este jueves 19 de noviembre en el patio del Cuartel del Fijo, en el Centro Histórico, para expresar sus preocupaciones frente a dos medidas contempladas en el proyecto de Ley de Rescate Económico del Gobierno nacional, que, según advierten, podrían afectar tanto sus ingresos como el funcionamiento de la Rama Judicial.

Uno de los puntos cuestionados es el artículo 106, que propone eliminar la exención tributaria sobre los gastos de representación, equivalente al 25 % del salario de los jueces. De aprobarse, la medida aumentaría la carga del impuesto de renta que deben asumir.

Jueces del Cuartel del Fijo, en el Centro Histórico de Cartagena. // Cortesía - Cuartel del Fijo
Jueces del Cuartel del Fijo, en el Centro Histórico de Cartagena. // Cortesía - Cuartel del Fijo

La segunda preocupación está relacionada con el artículo 16, que plantea una reducción nominal del 20 % en el gasto de personal para 2028. De acuerdo con los jueces, esta disposición podría comprometer la continuidad de los cargos transitorios y limitar la creación de nuevos juzgados, lo que aumentaría la carga laboral de los despachos y podría generar mayores demoras en la atención de los usuarios.

El encuentro se desarrolló en el marco del paro nacional impulsado por distintos sectores sociales, sindicales y políticos del país, en rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico promovido por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Lea: Cartagena se suma al paro nacional: así avanza la jornada este jueves

Durante la jornada, los participantes invitaron a la ciudadanía a sumarse a la discusión y plantear propuestas frente a las disposiciones que consideran perjudiciales para la administración de justicia.

“El proyecto aún está en discusión. Los esperamos con sus ideas para construir juntos propuestas concretas sobre qué cambios pedir al Congreso y cómo proteger los recursos que necesitan nuestros despachos”, expresaron.

Jueces de Cartagena alzan la voz contra reforma que aseguran podría cerrar despachos judiciales. // Cortesía - Cuartel del Fijo
Jueces de Cartagena alzan la voz contra reforma que aseguran podría cerrar despachos judiciales. // Cortesía - Cuartel del Fijo

Federación Nacional de Colegios de Jueces y Fiscales fijó su posición

La preocupación de los jueces de Cartagena coincide con el pronunciamiento de la Federación Nacional de Colegios de Jueces y Fiscales de Colombia, que fijó una posición institucional y apartidista frente al Proyecto de Ley 477 de 2026 Cámara - 328 de 2026 Senado, radicado por el Gobierno nacional el pasado 29 de octubre.

La organización sostiene que las disposiciones propuestas comprometerían las condiciones materiales e institucionales necesarias para garantizar la independencia judicial y el acceso efectivo a la justicia.

Entre sus principales cuestionamientos está el artículo 16, que ordena reducir en un 20 % nominal el gasto de personal de 2028 del Presupuesto General de la Nación, con excepción de la Fuerza Pública, pero sin excluir a la Rama Judicial ni a la Fiscalía General de la Nación.

Según la Federación, como los salarios no pueden desmejorarse, la reducción podría traducirse en la supresión de cargos de carrera y, por tanto, en el cierre de despachos judiciales. A esto se sumaría el artículo 17, que plantea disminuir en un 50 % los contratos de prestación de servicios durante 2027.

La Federación también advierte sobre un posible desconocimiento de la autonomía presupuestal de la Rama Judicial. En su pronunciamiento recuerda que el artículo 192C de la Ley 270 de 1996, adicionado por la Ley 2430 de 2024, establece una asignación equivalente al 3 % del Presupuesto General de la Nación y prohíbe reducir su presupuesto en términos reales.

Como argumento adicional, señala que la Rama Judicial enfrenta un déficit presupuestal del 34 % para 2027: tiene asignados $11,53 billones frente a los $17,53 billones que requiere.

Otro de los reparos está dirigido al artículo 106, que derogaría la exención de los gastos de representación de magistrados, fiscales, procuradores judiciales y jueces, contemplada en el numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario.

Para la organización, esta exención no constituye un privilegio, sino una disposición justificada por las responsabilidades, la formación y los riesgos asociados al ejercicio de estas funciones. Además, recuerda que quienes ejercen como jueces tienen prohibido desempeñar otros cargos remunerados, de acuerdo con la Ley 270 de 1996.

Finalmente, la Federación cuestionó la premura del trámite legislativo y señaló que las disposiciones que afectan la estructura y el presupuesto de la Rama Judicial requieren un debate suficiente y el cumplimiento de las mayorías exigidas constitucionalmente.

¿Qué le piden los jueces y fiscales al Gobierno y al Congreso?

Ante este panorama, la Federación formuló tres solicitudes:

  • Al Congreso de la República: excluir a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación de los recortes de personal contemplados en el artículo 16, en atención a su autonomía presupuestal.
  • También al Congreso: retirar del artículo 106 la eliminación de la exención tributaria sobre los gastos de representación y realizar una audiencia pública para debatir por separado los artículos 16, 17, 47 y 106.
  • Al Ministerio de Hacienda: cuantificar el impacto de los recortes sobre la Rama Judicial y la Fiscalía, garantizar los recursos para la bonificación judicial y cumplir las disposiciones sobre autonomía presupuestal.

La Federación aseguró que reconoce la necesidad de responsabilidad fiscal, pero considera que esta no debe comprometer la independencia judicial ni el derecho de los colombianos a una justicia pronta y eficaz.

Por ello, invitó a los colegios federados a socializar el pronunciamiento, respaldar los derechos de petición radicados y mantener la serenidad y prudencia durante la discusión del proyecto.

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