24 líderes comunales están amenazados en Cartagena

05 de agosto de 2018 12:00 AM

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Amenazados por la labor que desempeñan dentro de Juntas de Acción Comunal (JAC) de Cartagena, están 24 líderes. La cifra la revelaron a El Universal dirigentes de las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal (Asojac) de las tres localidades de la ciudad, luego de que en cada una se realizara una jornada de caracterización.
Quiénes son los líderes que cargan con la sombra de agresiones o muertes, dónde viven y por qué se les está intimidando, fueron algunos de los datos recopilados por iniciativa de las mismas organizaciones comunales. Se espera que con ellos, las autoridades abran los ojos a la magnitud de la problemática y actúen de manera contundente.

Aldo Lora, presidente de la JAC de Portal de La Cordialidad y miembro de la Asojac de la Localidad 2, dijo que tal caracterización “fue una iniciativa mía, preocupado por cómo se están manejando los homicidios y las intimidaciones a líderes cívicos, y cómo ha mermado la participación de los ciudadanos en las juntas”.

De cómo se hizo la caracterización, informó que “es un trabajo sin precedentes en el Distrito, que podría servir como referente a nivel nacional. Con acompañamiento de Policía Nacional, Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, Escuela de Gobierno y Liderazgo, Defensoría del Pueblo y Personería Distrital, hicimos reuniones por localidad en las que líderes con problemas de inseguridad alertaron, con denuncia en mano interpuesta previamente ante la Fiscalía, para que fuera una caracterización real, no con supuestos. Cada uno dio un informe detallado de lo que le sucedió y le está sucediendo. Las autoridades tomaron nota, se levantó un acta, se recopiló información grabada y escrita”.

Este proceso se inició el pasado junio y culminó la semana pasada. “Ya se tiene la base de datos de todos los dirigentes amenazados”, aseguró Lora, anunciando que “ahora vamos a hacer un consejo de seguridad en cada localidad, con los líderes caracterizados, para organizar un plan de trabajo y tomar las medidas respectivas del caso. En los próximos días se definen las fechas. En esos consejos de seguridad van a estar las autoridades y llamamos la atención de la Fiscalía, que a veces es demorada para prestar la debida atención”.

Añadió que la alcaldesa encargada, Yolanda Wong, se comprometió a fortalecer las JAC a través de la Escuela de Gobierno y Liderazgo. “Nos dijo que le diéramos la caracterización de la problemática de las JAC, para ella entrar a trabajar y fortalecer nuestra seguridad y organización a nivel institucional; hacer un plan y programa para que el ciudadano nuevamente quiera hacer parte de las JAC”.

Por qué los amenazan
Lora, quien por denunciar el microtráfico es uno de los amenazados, advirtió que este flagelo es el que más amenazas desencadena.

“Hoy vemos a una cantidad de jóvenes perdiéndose en la droga. La están vendiendo prácticamente frentia’o, al público, y el consumo es de igual manera. Nosotros, como dirigentes comunales, hacemos observaciones a cualquier joven y al mismo expendedor, y nos ven como sus enemigos, porque no compartimos ese tipo de conductas.

“Cuando ponemos las denuncias o le avisamos a la Policía, nos ven como objetivo militar porque van a verse mermadas sus ganancias, se vé en peligro porque muchos han ido a la cárcel por acción de la Policía. Yo fui a amenazado de manera directa”.

Advirtió que “ya no se meten con el dirigente solamente, sino que amenazan a la familia. A las esposas les dicen: “te vamos a cortar la cara”, “te vamos a echar ácido”, o “te vamos a apuñalar”, “te vamos a quitar una mano”; y a los hijos a veces los detienen afuera del colegio para mandar mensajes como “dile a tu papá que deje de ser sapo, que ya te tenemos pendiente”.

Las otras localidades

La segunda localidad más intimidada es la 2, con 10 amenazados. Tanto así que el presidente electo de su Asojac, Alex Gómez, tuvo que desplazarse de su barrio por las constantes amenazas. El cargo lo está asumiendo José Elías Altamar.

“Uno se desplaza por temor. Una presidente de la JAC de La Esperanza también tuvo que cambiar de barrio. A otro compañero de Nuevo Paraíso le tiraron una granada en la puerta, y tuvo que salir del barrio”, relató Gómez.

Anotó que la mayoría de las amenazas se han generado por denunciar el microtráfico. Entre los amenazados está Roberto González Romerín, a quien en septiembre de 2017 “le hicieron un atentado dentro su vivienda, se la incineraron”, recordó el desplazado presidente de la Asojac.
En último lugar está la Localidad 1, con 2 amenazados. José Ramírez, presidente de la Asojac, reiteró que “los casos ya fueron denunciadas ante la Fiscalía. No nos da satisfacción, porque son dos y deberían ser cero, pero nos da a entender que en la Localidad 1 se respira cierta convivencia”.
Explicó las causas de las intimidaciones. “Un líder dice que fue amenazado por un constructor, por estar parando obras de urbanismo. El otro, por microtráfico. Los amenazaron vía telefónica”.

Localidad 3, la más amedrentada
Con 12 líderes amenazados, la Localidad Industrial y de la Bahía es una de las más atemorizadas de la ciudad.

Geverson Ortiz, presidente de la Asojac de la Localidad 3, precisó que “en la localidad tenemos identificados a 12 líderes amenazados, de los cuales 10 aparecen con denuncias ante las autoridades. Hay dos que no han presentado denuncias ante la Fiscalía, a pesar de estar amenazados”.

Indicó que los intimidados son presidentes o dignatarios de JAC. “Unos son amenazados por grupos dedicados al narcotráfico, otros por pandillas y a veces por gente que tiene negocios a los que no les conviene la resocialización de los jóvenes en riesgo; otros actores que generan amenazas son las autoridades policivas y administrativas, por el control y la veeduría que se ejerce frente a los proyectos que se desarrollan en la ciudad.

“Otro tema, que no podemos desconocer, son las amenazas al interior de las organizaciones. Estas se dan por las presiones internas, disputa”.

Capturas no convencen
Los dirigentes comunales recordaron que en los últimos seis años han sido ultimados 11 líderes. “Han matado a dos presidentes de la Localidad 2, uno en El Pozón (Henry Díaz) y otro en Olaya, sector Ricaurte. Asesinaron a otro en La María (César Lázaro). En la Localidad 3, hace como cuatro años fue asesinado Samuel Ortiz, en San José de los Campanos; el más reciente, en octubre de 2017, fue Jorge Luis García, del 3 de junio. Esos asesinatos fueron por el ejercicio de sus funciones”, dijo Ortiz, presidente de la Asojac de la Localidad 3.

Agregó que “cuando el proceso del relleno sanitario, en Nelson Mandela se generaron tensiones con la gente no quería ahí el relleno. Además hubo una época en que allí existían grupos al margen de la ley y se disputaban el territorio”. Eso generó la muerte de otros seis líderes cívicos: Teodoro Sibaja, Manuel López, Miguel López, Libardo Hernández, Vicente Barrios y Miladis Velaides.
Sobre qué ha pasado con los responsables de esos homicidios, Aldo Lora sostuvo que “presuntamente han habido capturas, pero nos parece porque los que en realidad creemos que son los delincuentes andan por ahí, haciendo y deshaciendo, intimidando. Hemos solicitado apoyo a la UNP (Unidad Nacional de Protección), pero dice que no puede porque no tiene recursos”.
Misael Ortiz, jefe de la seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Cartagena, ratificó que a través del Decreto 1066 de 2015, el Ministerio del Interior establece que los esquemas de protección de líderes comunales los asume la UNP. “Cuando un líder comunal es amenazado, lo contactamos, entrevistamos, se anexan documentos y se envían por trámite de emergencia a la UNP, en Bogotá. Mientras responden, el decreto dice que la Policía podrá hacer rondas, visitas, dar instrucciones de medidas de protección al amenazado. Pero los esquemas de seguridad con hombres, vehículos, no los podemos hacer por norma. Eso lo tiene que asumir la UNP”.
Pero, ¿en base a qué la UNP asigna o no la protección? Ortiz explicó que al líder amenazado “se le hace un estudio de nivel de riesgo. Hay unos formatos estandarizados para eso, unos lineamientos generales que traza el Ministerio en ese decreto. El comité de evaluación de riesgos se reúne, en Bogotá, y define si ese riesgo es inminente, si esa persona necesita un esquema de seguridad, que debe asumir la UNP”.

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