En medio del debate sobre las políticas públicas que deberá impulsar el próximo Gobierno de Colombia, expertos y organizaciones que trabajan por la niñez hacen un llamado para que la salud mental de madres, padres y cuidadores ocupe un lugar central en la agenda pública.
Esa es la apuesta de Semillas de Apego, un programa de atención psicosocial de la Universidad de los Andes que durante más de una década ha trabajado con familias afectadas por el conflicto armado, el desplazamiento forzado y la migración. La iniciativa sostiene que proteger el bienestar emocional de quienes cuidan a niñas y niños es fundamental para garantizar un desarrollo saludable durante los primeros años de vida.
De acuerdo con la evidencia científica recopilada por el programa, la exposición a situaciones como la violencia, el desplazamiento y la migración puede deteriorar significativamente la salud mental de los cuidadores. Esta situación afecta la calidad de los vínculos familiares y puede generar estrés tóxico en la primera infancia, una condición asociada con alteraciones en el desarrollo cerebral y mayores riesgos para la salud física y mental a largo plazo.
El llamado cobra especial relevancia en un momento en el que Colombia cuenta por primera vez con un marco normativo que reconoce la importancia del cuidado y la salud mental. Entre las iniciativas aprobadas se encuentran la Ley 2460 de Salud Mental, la Ley 2503, que establece la Cátedra de Educación Socioemocional desde el preescolar, y la Política Nacional de Cuidado (CONPES 4143).
Según Semillas de Apego, estas normas representan un avance significativo, pero ahora el reto es que el próximo gobierno garantice su reglamentación, financiación e implementación efectiva en todo el país.
Un modelo con resultados comprobados
El programa Semillas de Apego fue creado para acompañar a madres, padres y cuidadores de niños entre los 0 y 5 años que viven en contextos marcados por la violencia, el desplazamiento o la migración.
La estrategia consiste en un proceso de 15 sesiones grupales lideradas por facilitadoras comunitarias, en las que los participantes encuentran espacios para procesar experiencias difíciles, fortalecer sus habilidades emocionales y mejorar la relación con los menores bajo su cuidado.
Actualmente, la iniciativa tiene presencia en siete departamentos y doce municipios del país. En más de diez años de funcionamiento ha beneficiado a más de 9.000 cuidadores y, de manera indirecta, a más de 11.000 niñas y niños.
Los resultados también cuentan con respaldo científico. Una evaluación de impacto realizada en Tumaco, uno de los municipios más afectados por el conflicto armado, evidenció reducciones significativas en los niveles de ansiedad y depresión de los cuidadores, así como mejoras en la salud mental y el comportamiento de los niños participantes.
Ante estos resultados, el programa insiste en que Colombia no necesita crear nuevas políticas para atender esta problemática, sino cumplir y fortalecer las herramientas que ya existen. Para sus impulsores, invertir en la salud mental de quienes cuidan a la primera infancia es una de las estrategias más efectivas para construir entornos seguros y favorecer el desarrollo integral de las nuevas generaciones.