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6 procesos judiciales que enfrenta el Distrito de Cartagena

Actualmente el Distrito enfrenta 2.023 procesos judiciales cuyas pretensiones suman más de $1 billón. El Universal le cuenta en qué van algunos de los más relevantes.

6 procesos judiciales que enfrenta el Distrito de Cartagena
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El proyecto del Corredor Portuario, el edificio Aquarela y el desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II son objeto de acciones judiciales en contra del Distrito.

$1 billón 302 mil 586 millones 382 mil 842 suman las pretensiones de 2.023 procesos judiciales que en este momento cursan en contra el Distrito de Cartagena. Así lo informó la Oficina Asesora Jurídica al dar su informe de gestión ante el Concejo Distrital.

Dentro de estos procesos predominan acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, acciones populares, reparaciones directas, entre otras.

El Universal le cuenta en qué van algunos de los procesos de mayor interés.

1. Caso de lote en Manga

El caso que reclama los perjuicios de la venta irregular de un lote en el barrio Manga es el más cuantioso que actualmente cursa contra el Distrito, pues sus pretensiones suman más de $150 mil millones.

Se trata del lote donde antes funcionaba la Planta de Eléctrica de Manga, que se encuentra entre los terrenos del Fuerte del Pastelillo y la “oreja” que pasa por debajo del puente Román.

Este terreno fue comprado por inversionistas en 2009 para construir un proyecto inmobiliario, pero este nunca pudo darse por las irregularidades en la venta y un fallo de 2017 que decidió que el lote debía ser recuperado por la administración.

El trasfondo está en que en 1961 el Distrito transfirió una serie de bienes a las Empresas Públicas Municipales de Cartagena a través de la escritura pública No. 1889 del 21 de noviembre de 1961, dentro de los que se encontraba la Planta Eléctrica de Manga.

Fue a través de esta escritura que la Electrificadora de Bolívar “vendió el lote” al Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (Icel), que en 1999 pasó a ser el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las zonas no interconectadas (Ipse). Ellos fueron quienes entregaron el terreno al Fideicomiso Lote Manga, del cual es vocera la fiduciaria Helms Trust S.A, que figura como demandante.

Sin embargo esta escritura pública no correspondía realmente al terreno, sino únicamente a la Planta Eléctrica, por lo que el documento se usó para vender el lote de manera irregular.

“En consecuencia, al no ser las Empresas Públicas Municipales de Cartagena la propietaria del lote del terreno sobre el cual estaba funcionando la Planta Eléctrica de Manga, el inmueble que vendió a Icel no le pertenecía (...) Las Empresas Públicas no vendieron terrenos sino un establecimiento denominado Planta Eléctrica de Manga”, expresó el Distrito.

Igualmente aseguraron que la administración distrital no hizo parte de la venta, por lo que no hay lugar a las pretensiones del demandante.

“Por el contrario, el Distrito fue víctima de una venta de sus bienes sin su consentimiento, lo cual pudo demostrar el proceso judicial de la acción popular que declaró vulnerados los derechos colectivos a la moralidad administrativa y patrimonio público y ordenó la recuperación de la posesión del bien inmueble por parte del Distrito de Cartagena”, puntualizaron.

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Actualmente se está a la espera de que haya fecha para la audiencia inicial.

2. Compañía Hotelera de Cartagena

La Compañía Hotelera de Cartagena, dueña del edificio donde funciona el hotel Hilton en el barrio El Laguito, demandó al Distrito “por dejar construir la estructura” en terrenos que antes constituían mar, es decir, en bienes de uso público.

Esto provocó que mediante una acción popular que fue ratificada por el Consejo de Estado, se ordenara a la Compañía restituir los terrenos y a construir un parque en compensación, lo cual le generó pérdidas financieras.

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Las pretensiones de esta acción, que fue admitida en 2015, suman más de $80 mil millones.

Hoy el proceso se encuentra suspendido por la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje).

3. Aquarela

El caso del edificio Aquarela ha sido objeto de varias acciones judiciales. Una de ellas, la más cuantiosa, es la de una reparación directa, que pretende que el Distrito pague a la Promotora Calle 47, constructora de la edificación, los perjuicios ocasionados por suspender la obra, los cuales serían de aproximadamente $51 mil millones. Desde el año pasado se está a la espera de que se resuelva una solicitud de reforma de la demanda.

Otra de las acciones tiene que ver con la medida correctiva que ordenó a la constructora la restitución de 619,5 metros de espacio público que invadía la estructura, por lo cual exigen que el Distrito pague $1.055 millones.

La administración se opuso a esta demanda. “Los actos acusados, fueron dictados con el lleno de todos los requisitos legales, teniendo en cuenta que la firma propietaria del proyecto Aquarela fue infractora dentro del desarrollo de la construcción al registrar un comportamiento que afecta la integridad urbanística conforme se encuentra en el Código Nacional de Policía y Convivencia. Además, por cuanto la edificación genera impactos negativos en el patrimonio cultural que pueden afectar las características y los valores de bienes declarados de interés cultural”, dijo el Distrito. Este proceso se encuentra en etapa probatoria.

Otros procesos son la acción popular presentada por el Ministerio de Cultura cuya audiencia de pruebas está pendiente; y la acción de nulidad para las licencias urbanísticas que aún está a espera de fecha para la audiencia inicial.

4. Caso Quiroz

Las demandas relacionadas al colapso del edificio Portales de Blas de Lezo II en el que fallecieron 21 personas buscan principalmente que se declare al Distrito como responsable de los hechos, también reprochan la falta de control urbano y piden el reconocimiento y pago de pensiones de invalidez.

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En su defensa el Distrito solicitó la vinculación de Wilfran Quiroz, constructor del edificio, quien ya aceptó los cargos de urbanización ilegal en el proceso penal que se dio en su contra.

5. San Francisco

En 2018, el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó a la Nación y al Distrito indemnizar a las personas damnificadas por la falla geológica del barrio San Francisco, las cuales perdieron sus viviendas tras un deslizamiento de tierra el 13 de agosto de 2011.

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El pasado 5 de febrero de 2021 el Juzgado 13 Administrativo de Cartagena dispuso cumplir lo dispuesto por el Tribunal y ordenó proceder con el desalojo de las personas que aún viven en la zona de riesgo, también pidió cercar el lugar para evitar nuevos asentamientos humanos. Esto en el término de seis meses.

Actualmente está pendiente la solicitud de inclusión de 200 personas dentro del grupo de damnificados.

6. Corredor Portuario

El abogado Nixon Torres demandó la nulidad de la Resolución No. 9217 del 16 de diciembre de 2019 por medio de la cual se adjudicó el contrato de concesión para la construcción del megaproyecto Corredor Portuario y Quinta Avenida de Manga, la cual pretende la instalación de nuevos peajes en Cartagena.

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El Distrito contestó la demanda el 19 de febrero de este año y en mayo coadyuvó la solicitud de la Junta de Acción Comunal de Manga relacionada al tema. Se está a la espera de la audiencia inicial.

Convenio Andje

En junio de 2020 el Distrito firmó un convenio con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) con el fin de recibir asesoría legal y fortalecer la defensa de la administración.

En el marco de este convenio se han realizado reuniones de seguimiento a casos como el de los Quiroz, el edificio Aquarela, San Francisco y el lote de Manga.

Igualmente se han recibido capacitaciones para el personal de la Oficina Asesora Jurídica.

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