Como positiva calificó el secretario del Interior, José Carlos Puello Rubio, la visita que hizo ayer una arquitecta de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y un funcionario de la seccional Barranquilla del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) al predio en el que se trasladará a la cárcel de mujeres, que está en la variante El Pozón-Policarpa.
Aunque la revisión culmina hoy, el representante del Distrito precisó que solo están esperando recomendaciones para la adecuación del penal, por lo que el traslado se dará en el menor tiempo posible. “A la arquitecta de la Uspec y al funcionario del Inpec les pareció bien el predio y están haciendo recomendaciones, mañana (hoy) se conocen y esperamos que haya luz verde para arrancar con las adecuaciones”, dijo.
Dentro de las adecuaciones está el cerramiento de habitaciones, cielo raso con mayas, que no puede haber cerámica cubierta en los baños, salidas de emergencia, entre otras.
Puello señaló que se están haciendo todos los trámites de rigor para lograr que las entidades encargadas de la aprobación del predio lo hagan y así pensar en lo que se requiere para el traslado de las internas a la nueva sede carcelaria. “Con el aval de la Uspec, esperamos hacer el contrato de arrendamiento con la inmobiliaria que posee el bien y que este sea con opción de compra”, precisó Puello.
Aunque el traslado de la cárcel de mujeres de San Diego, donde hay hacinamiento, a un predio con más capacidad es un avance, la tarea del Distrito es cubrir las necesidades de las internas.
La Personería denunció en noviembre del año pasado que el servicio de atención médica no se da de forma permanente y que tras inspeccionar las instalaciones de San Diego constató que no hay galenos, ni enfermeras y mucho menos insumos para atender las emergencias que se llegaran a presentar en cualquier momento del día.
Respecto a esto, el director de la cárcel, Jaime De Ávila Hernández, manifestó en el momento de la denuncia que hay enfermeras contratadas por Orden de Prestación de Servicios (OPS) y unos médicos generales que hacen unos turnos, uno en la mañana, hasta las cuatro de la tarde, y uno llega de 6 hasta las 9 de la noche.
Sin embargo, las internas aclaman más garantías para atención médica.
Empresarios de la Zona Franca Parque Central, en límites entre Turbaco y Cartagena, presentarán hoy un derecho de petición ante los organismos de control, la Administración Distrital y la Uspec (encargada de revisar la viabilidad del proyecto), advirtiendo su oposición a que el traslado de la penitenciaría de mujeres se haga hacia ese sector.
“También para que se tomen las medidas correctivas del caso y les permita con suficiente tiempo, encontrar un predio que reúna las condiciones legales” para esa instalación, indicó Antonio Yidios, directivo de Juanautos, una de las empresas localizadas en ese centro empresarial.
Yidios reitera que están en total desacuerdo con la propuesta de trasladar la operación de la cárcel femenina hacia ese lugar, cercano a la Variante de Cartagena.
Según la interpretación de ley que hacen los empresarios de la zona, la ubicación de los centros de reclusión debe respetar el uso del suelo, “y en esa zona el uso es de vocación industrial, razón por la cual precisamente estamos ubicados allí”, argumenta Yidios. Agrega que esa zona fue reservada en el Plan de Desarrollo para el crecimiento de la industria y el empresariado de la región. Y por último, “en nuestro entender legal, todos los centros penitenciarios deben guardar un perímetro de distancia de al menos 200 metros, de cualquier desarrollo urbano, y en este caso está la cercanía inmediata de desarrollos industriales, empresas y urbanizaciones de vivienda”, indica Antonio Yidios.
Reitera que el funcionamiento específico de la cárcel femenina en ese sector, “no respeta los lineamientos del POT en términos de los retiros exigidos en el mismo Plan de Desarrollo”.