El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió en primera instancia una demanda presentada por la comunidad de La Boquilla que busca restablecer la movilidad en el Anillo Vial en doble sentido mientras se adelanta la construcción de una nueva vía de acceso al corregimiento.
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Según José Gabriel Ortega, miembro del Consejo Comunitario de La Boquilla y quien figura como demandante en la acción popular, con la construcción del Viaducto del Gran Manglar, la comunidad se quedó sin una vía para poder entrar a la población.
“Una vez terminada la construcción de dicha vía 4G dejaron a la comunidad negra sin acceso. Pues la vía opera en un solo sentido, Barranquilla - Cartagena, pero no hay acceso directo a la población en sentido Cartagena - La Boquilla. Es decir, la megaconstrucción que se suponía que beneficiaría a la movilidad y seguridad de la zona, nos dejó incomunicados y sin acceso seguro”, expone Ortega en la acción popular.
De acuerdo con el demandante, esta situación obliga a los boquilleros a exponer su vida porque para ingresar a la comunidad deben transitar por un contraflujo, algo que ya ha dejado accidentes y víctimas fatales en el corregimiento.
Igualmente para salir e ir a poblaciones vecinas como Tierrabaja o Puerto Rey, deben devolverse hasta Cielo Mar y hacer el retorno para tomar el Viaducto, algo que ha incrementado los tiempos y costos del recorrido.
“No es concebible que una 4G no haya dejado una vía segura y digna para la comunidad de La Boquilla”, dijo Ortega a El Universal.
El accionante espera que mientras se resuelve la acción popular y se define si se construirá la vía, el Tribunal conceda la medida cautelar, la cual consiste en habilitar el tránsito en doble sentido por la ruta 90A, tal como estaba antes de la entrada en operación del Viaducto. Esto con el fin de garantizar el ingreso y la salida segura del corregimiento de La Boquilla.
Los accionados en esta demanda son el Ministerio de Transporte, Invías, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Concesión Costera, la Alcaldía de Cartagena, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) y la Policía Nacional especializada de carreteras.
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