Este 25 de enero el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena admitió una tutela que busca que un juez de la República decrete como medida transitoria la suspensión del cobro de los peajes de Bazurto (ubicado en Manga), Ceballos, La Heroica y Corralito de Piedra. Lea: Con tutela buscan suspender el cobro de peajes internos en Cartagena
La acción judicial fue interpuesta por los ciudadanos Nilson Torres Cárcamo, Óscar Antonio Bonilla, Fidian García (Capitán No más Peajes) y el concejal Javier Julio Bejarano.
“Esto para evitar que el detrimento patrimonial siga aumentando y que los cartageneros sigamos pagando un cobro que acorde al informe de la Contraloría Distrital y General ya lo hemos pagado desde el año 2015”, señaló el concejal Bejarano.
Los demandantes solicitan la medida transitoria mientras se conozca un fallo de fondo tras conocerse las irregularidades presentadas en la ejecución del contrato firmado entre el Distrito y la Concesión Vial que habrían causado un daño patrimonial de más de $300 mil millones.
“En esta tutela apelamos al derecho fundamental del debido proceso y solicitamos a un juez constitucional que para que no siga creciendo ese detrimento y ese cobro que se la hace a los cartageneros tome la medida de suspender el cobro de peajes hasta tanto tengamos un fallo definitivo”, agregó el cabildante.
En el documento además solicitaron copias de los informes realizados al contrato de concesión tanto en 2017 y que se haga parte del proceso a la Alcaldía de Cartagena.
Al admitir la tutela, la jueza vinculará a las partes del proceso para que respondan su postura sobre los hechos y en un termino de 10 días hábiles se puede conocer el fallo de primera instancia.
Sobre los hallazgos
La Contraloría detalló que en los soportes del contrato de concesión entregados por la Alcaldía, el departamento administrativo de Valorización, así como los informes rendidos por la Empresa de Desarrollo Urbano (Edurbe), en desarrollo del contrato interadministrativo de supervisión o interventoría de la Concesión Vial, no se evidenció una relación pormenorizada de los costos y gastos ni mucho menos un análisis sobre la pertinencia y relación de causalidad con las obras y la operación de la concesión.
Tampoco se halló un análisis sobre la veracidad ni razonabilidad desde el punto de vista económico y de eficiencia, atendiendo precios unitarios de mercado.
“No se encuentran verificados ni analizados los costos y gastos incurridos en las obras y la operación de la concesión tanto por Edurbe como supervisor o interventor ni por las entidades que representan y deben velar por los intereses patrimoniales del Distrito como entidad concedente y que podrían estar impactando el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) pactada”, explicó la Contraloría.