En diciembre de 2021 se iniciaron las obras de Protección Costera en Cartagena, intervenciones que han tenido inconvenientes con el pago de las compensaciones económicas a servidores turísticos (lo que ha desencadenado una serie de protestas en la zona), falta de articulación o comunicación entre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) con el consorcio e interventoría, y la erosión en la playa modelo del proyecto (playa 5).
En medio de esta coyuntura, Funcicar realizó un informe del avance de las obras con corte a febrero de 2023 y emitió algunas alertas. Este es el informe:
Adición de tiempo
Las obras de protección costera fase 1 que se desarrollan entre las playas de El Laguito, Bocagrande y el Centro Histórico estarían finalizando en noviembre del 2023, según lo observado en los informes de avance de la Ungrd con corte a febrero del 2023. Lea: “Es de esperar que los efectos de la Protección Costera sean limitados”
A partir de información recibida a través de peticiones y tutela, Funcicar analizó la ejecución del macroproyecto e identificó que el 15 de noviembre del 2022 se hizo una adición que aumentó el plazo de ejecución en 10 meses (de 18 meses iniciales a 28 meses). Así mismo, se adicionaron $5 mil millones al valor total del proyecto, pasando de $136 mil millones a $141 mil millones.
Contrato de obra
El proceso para obras de la fase 1, componente 1, tiene un avance físico del 45% (con corte a febrero del 2023), y un avance financiero del 42%.
El proceso de interventoría de la fase 1, componente 1, tiene un avance físico del 70,85% y un avance financiero del 32,41%.
Modificación de consorcios
En mayo del 2022, el consorcio Proplaya, contratista de las obras de la fase 1 componente 1, tuvo una reorganización tras la salida de dos empresas (Dicon Ingeniería e Inversiones SAS y Construcciones A.P. SAS). Lo anterior, según Funcicar, supone el aumento de la participación de Dinacol SAS, que incrementó su participación dentro del consorcio en un 50%. El otro 50% le corresponde a A&D Alvarado & During SAS.
De igual forma, en diciembre del 2022 el contratista de la interventoría fase I componente 1, Asesorías, Interventorías, Diseño y Construcción Aidcon Ltda, cedió el proceso a Ingeniería, Construcción, Operación y Administración de Acueductos, Alcantarillados, Aseo y Alumbrado SAS ESP, por lo que esta última empresa es la que ejecuta el proceso actualmente.
Sobre las obras de la fase II, se observó que el pasado 17 de enero se suspendieron debido a que el contratista manifiesta que para intervenir algunas playas de la fase II es necesario que finalicen las intervenciones de la fase I, componente 1. Se debe señalar que este contrato tiene plazo de ejecución hasta abril del 2023; sin embargo, en febrero estaba suspendido.
Poca información
Para el macroproyecto de protección costera se había dispuesto de un micrositio en el que ciudadanía e interesados podían conocer reportes periódicos del proyecto, pero no está habilitado ni tampoco se ha reportado en el Secop los avances del proyecto, por lo que Funcicar recomienda a la Ungrd garantizar el acceso a la información.
“Para la elaboración de este informe fue necesario presentar una petición y posteriormente una tutela para acceder a los datos. A pesar de lo anterior, no se pudo establecer el avance financiero y físico del contrato de Apoyo Técnico de la Universidad de Cartagena, así como no se conoce información sobre los contratistas para obras e interventoría de la fase II”, señaló Funcicar.
Al finalizar el censo del 21 de agosto de 2020 se obtuvo un registro total de 2.158 vendedores de playas, clasificados por actividad económica de la siguiente manera: 557 comidas y bebidas, 424 masajes y trenzas, 366 guías turísticos específicamente en ventas de planes turísticos; 258 venta de mercancías, 20 fotografías, 41 música, 223 artesanías, 154 carperos (as), 75 frutas y 40 otras actividades.
De acuerdo con información recopilada por Funcicar, 415 vendedores han sido compensados por un total de $631.199.316 por las intervenciones en las playas 4, 5 y 6. Además, 1.077 pescadores han sido compensados con un pago único de $4.237.749, para un total de $4.564.055.673. Faltan 31 pescadores por compensar.