El futuro del edificio Aquarela vuelve a ocupar la agenda del gobierno Dau. Esta vez por cuenta de un concepto de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que recuerda a la Alcaldía de Cartagena la orden de demolición vigente y que el no cumplimiento de esa medida podría calificarse como “fraude a resolución judicial”.
En el concepto jurídico enviado a la administración Dau el pasado 29 de septiembre, la Agencia explica que “no se requiere adoptar la decisión de demolición, puesto que tal orden se emitió en noviembre de 2018 por las autoridades distritales competentes”.
En el documento al que tuvo acceso El Universal, la entidad expone que la edificación debe ser demolida en su totalidad por razones jurídicas y técnicas. “Se cumplió el plazo de dos meses establecido en las resoluciones proferidas por las autoridades competentes para la restitución y técnicamente, las propuestas presentadas por Promotora Calle 47 SAS (dueña de la obra) no aportaron condiciones de seguridad tales que garanticen que no va haber una afectación a la edificación y a las viviendas aledañas, dada la extraordinaria magnitud de al reforma estructural que se pretende hacer”.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado señala que la Alcaldía es la única autoridad habilitada para ejecutar las obras de demolición. “A través de alguna de sus dependencias, ello por la garantía constitucional de la autonomía de las entidades territoriales y la atribución de competencias realizada por el articulo 315 de la Constitución Política y por las normas legales precitadas”. Lea: “Yo necesito que un juez me diga tumba ese edificio”: Dau
Y agregan “que las consecuencias económicas de esa decisión sean asumidas por el infractor, monto que se cobrará a través de un proceso de cobro coactivo. Es decir, todos los gastos en que incurra el Distrito para lograrla demolición de la edificación deberán ser asumidos con el presupuesto público pero inmediatamente cobrados al infractor”.
“Se contratará estudio”: Alcaldía
Tras revisar el concepto, Myrna Martínez, jefa de la Oficina Jurídica, indicó a La Wradio que el alcalde William Dau ha considerado acogerse al criterio planteado en el documento pero busca concertación con el Ministerio de Cultura.
“Recibimos con deferencia el concepto del doctor Camilo Gómez, director de la Agencia Jurídica del Estado quien se reunió con el alcalde para socializar estas recomendaciones. Incluso, el alcalde ya gestionó una reunión con la ministra de Cultura para hablar del tema”, dijo la funcionaria.
Agregó “Ese documento de la Agencia se da en el marco de un convenio que se suscribió este año, no es vinculante pero lo hemos recibido con beneplácito y hemos realizado todas las revisiones del caso ya que es instrumento jurídico importante”.
El Universal intentó comunicarse con la jefe de la Oficina Jurídica para conocer otros detalles referentes a este nuevo concepto técnico pero no se obtuvo respuesta.
Expertos han calculado que las obras de demolición de la torre Aquarela que se alza en el barrio Torices, a escasos 200 metros del Castillo San Felipe, tendrían un costo estimado de $3.000 millones.
Las autoridades en Cartagena deben definir cual sería el procedimiento más acertado para derribar esta torre: una demolición manual o una implosión y según el estado “escoger el contratista a través de los mecanismos de selección establecidos por la ley para tal efecto”.
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