“Como una actuación antijurídica”, así califica la sociedad Promotora Calle 47 S.A.S., constructora del Aquarela, la solicitud para proceder “a ejecutar la orden de demolición” del edificio Aquarela que hizo al alcalde William Dau la Agencia Jurídica del Estado. Lea: Alcaldía de Cartagena ya no tiene excusas para demoler Aquarela
Promotora Calle 47 SAS dijo, a través de un comunicado, que tomar la decisión de derribar el edificio Aquarela sin que haya de por medio una orden judicial “implica asumir la responsabilidad patrimonial que implica resarcir los daños contra los afectados, que además de los constructores, incluye a más de novecientas familias cartageneras que invirtieron sus ahorros en este proyecto habitacional debidamente licenciado”.
La constructora cuestiona además el concepto emitido por la Agencia Jurídica del Estado y califica como “tendenciosos” los argumentos presentados.
“La opinión emitida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que legalmente no es vinculante, se fundamenta en argumentos tendenciosos y arriba a conclusiones equivocadas que comprometen seriamente la responsabilidad patrimonial del Distrito y la Nación, y toma como sustento el Estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, cuyo contenido ha sido seriamente cuestionado por varios profesionales y agremiaciones dadas las fallas metodológicas y técnicas en las que incurre”, señala la misiva.
Agregan que el trámite para restituir los 619 metros cuadrados que hoy ocupan de espacio público se ha paralizado por órdenes judiciales y decisiones administrativas del Distrito. “El pretender la demolición total del proyecto es una medida que desconoce lo dispuesto por la autoridad policiva y resulta completamente desproporcionado e irrazonable”.
El concepto jurídico que fue enviado a la administración Dau el pasado 29 de septiembre reitera la urgencia de adoptar la decisión de demolición “puesto que tal orden se emitió en noviembre de 2018 por las autoridades distritales competentes”.
Al respecto, Myrna Martínez, jefa de la Oficina Jurídica, indicó que el alcalde William Dau ha considerado acogerse al criterio planteado en el documento pero busca concertación con el Ministerio de Cultura.
“Recibimos con deferencia el concepto del doctor Camilo Gómez, director de la Agencia Jurídica del Estado quien se reunió con el alcalde para socializar estas recomendaciones. Incluso, el alcalde ya gestionó una reunión con la ministra de Cultura para hablar del tema”, dijo la funcionaria.
Señaló además que se contratará un estudio técnico para determinar cual sería el procedimiento más acertado para derribar la polémica torre.
“Estamos buscando el acompañamiento de todas las entidades comprometidas en este caso para dar la mejor solución y principalmente no poner en riesgo la situación jurídica del Distrito, la Nación, ni de ninguna de las entidades llamadas a atender esta situación. En mesas de trabajo concertadas por la Procuraduría General de la Nación, ya habíamos logrado un avance con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para efectos de evaluar la situación y materializarla a través de la entrega de recursos que nos permitan proceder con la eventual demolición, así mismo se vinculó al Ministerio de Cultura.”, puntualizó la funcionaria.