El pasado viernes en el municipio de Santa Lucía (Atlántico) se llevó a cabo la Comisión Accidental del canal del Dique, que contó con la participación del ministro de Transporte, Guillermo Reyes; el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), William Camargo; congresistas de los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre; y representantes de las comunidades ribereñas. (Lea: La propuesta de Fernando Niño para que la APP del Dique sea una realidad)
En el encuentro los líderes de las comunidades reiteraron la importancia de ampliar la realización de consultas previas a otras comunidades del Dique, ya que el proyecto solo contempló 16. La solicitud fue hecha por los representantes de los consejos comunitarios de Tierrabomba, Caño de Loro, Bocachica, Punta Arena y Bocachica, quienes le reiteraron al Ministerio de Transporte que autorice “las consultas previas por las afectaciones causadas por el canal del Dique”. (También le puede interesar: “Sin licencia ambiental el proyecto del canal del Dique no se hace”)
Por su parte, líderes de El Recreo y Leticia (Pasacaballos); Lomas de Matunilla en Turbana y Puerto Badel en Arjona, aseguran “que este mecanismo es la única oportunidad de desarrollo ante el olvido estatal”.
“Este megaproyecto del canal del Dique es fundamental para el río y para quienes habitan en sus riberas, pero hay que hacerlo a partir del consenso y el diálogo, de manera que todos se sientan incluidos. Reafirmamos nuestro compromiso, queremos que la gente se sienta incluida en la creación de la nueva Colombia”, dijo el ministro Reyes el pasado viernes.
Por su parte, la representante a la Cámara del Pacto Histórico por Bolívar, Cha Dorina Hernández, exigió “no adjudicar el proyecto hasta tanto se defina el impacto social, ambiental y económico que tendrán las comunidades cercanas al proyecto”.
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, anunció que exigirá la licencia ambiental para el contratista que gane la adjudicación de este proyecto de $3,2 billones. Sin embargo, para David González Cardales, gestor social, ambientalista y defensor de derechos humanos, “esa exigencia podría atrasar el proyecto”. Destacó que el componente ambiental fue aprobado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
“Es importante tener en cuenta que dentro del documento de estudio 1.31 ‘Cesión Parcial del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto’, Cormagdalena cede parcialmente al concesionario los derechos y obligaciones originados y derivados de la Resolución ANLA 1659 de 2017, modificada por la Resolución ANLA 0832 de 2018, por la cual fue aceptado ‘Plan Hidrosedimentológico’ del proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”, dijo González.
El defensor de derechos humanos le recomienda a la ANI continuar con las consultas previas en las poblaciones en las que no se ha hecho este proceso y que el documento del plan hidrosedimentológico sea tenido en cuenta como un estudio de impacto ambiental, ya que en este participaron varias comunidades.
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