Desde que llegó el coronavirus a Colombia han sido millonarias inversiones las que se han hecho desde los gobiernos locales para combatir la enfermedad, es por esto que ahora más que nunca los ojos de los entes de control han estado fijos en esa inversión, para así corroborar que todo esté bien y que los recursos no sean mal utilizados. (Lea aquí: Alerta por presunto sobrecostos de pruebas rápidas en Cartagena)
Así las cosas, luego de que se hicieran observaciones por supuestos sobrecostos en el contrato hecho por la Alcaldía de Cartagena para la compra de 10 mil pruebas rápidas, que serán usadas para el diagnóstico y contención del COVID-19, este medio conoció que el contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte a través de la Resolución Ordinaria 80112- 0832 del 30 de abril, decretó la intervención funcional de oficio sobre dicho contrato, que tuvo un valor de $725 millones.
En el documento el jefe del ente de control advierte que, con esta decisión, el nivel central asume las investigaciones de manera directa. Esto implica que la Contraloría General iniciará actuaciones especiales de fiscalización, indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal o cualquier otro ejercicio de control que resulte idóneo para esclarecer los hechos relacionados.
Dicha intervención recae sobre todas las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales del contrato en cuestión, así como sobre los modificatorios suscritos si los hubiere.
Así las cosas, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata debe remitir a la Contraloría Delegada para el Sector Salud, toda la información recaudada y que concierna al contrato, así como los informes que sobre el particular sean elaborados.
Ya hubo observaciones
Es de resaltar que el pasado 25 de abril la Fundación Cívica por Cartagena (Funcicar) emitió un análisis preliminar de este contrato en donde advierte que con el dinero que invirtió, pudieron haberse comprado 14.530 pruebas adicionales, es decir, en vez de 10 mil pruebas se pudieron contratar 24.530.
De acuerdo con las observaciones hechas por Funcicar, en promedio, en el mercado este tipo de pruebas cuestan $29.555, pero las contratadas por el Distrito tienen un valor unitario de $72.500.
Así las cosas, Funcicar sugirió que pudo haber una gestión limitada, de parte del Distrito, en la cotización para la construcción del estudio previo del contrato para las pruebas rápidas, lo cual pone en riesgo la correcta valoración del precio del producto en el contexto del mercado.
La defensa del Distrito
Sobre las observaciones a este contrato la administración explicó que se realizó una convocatoria el 2 de abril, recibiendo 6 propuestas, de las cuáles solo dos cumplían con los requisitos exigidos.
Los dos proponentes que cumplían con los requisitos fueron: Hijos de Enrique Roca y Ventas Distribución y Marketing. El primer proponente presentó una oferta de 75 mil pesos más IVA por cada prueba, y el segundo, cotizó las pruebas a 60.500 más IVA.
Se explicó que la contratación se celebró un día antes de que el gobierno eximiera este tipo de insumos médicos del pago del IVA, pero que de todas formas como el Distrito aún no ha pagado el monto estipulado con el proveedor, el excedente del IVA estipulado en el contrato de compras de las pruebas será entregado en pruebas adicionales.
En cuanto al valor de las pruebas, según la administración, esos valores de hoy, un mes y medio después de haber iniciado la pandemia, muestran una situación diferente a lo ocurrido a principios del mes de marzo, cuando había mayor demanda de pruebas debido a la necesidad de países queriendo adquirirlas y muy pocos laboratorios fabricándolas.
Experto opina
El abogado Penalista y Director Ejecutivo de Transparencia Caribe, Reynaldo Tovar Carrasquilla, manifiesta que “estamos convencidos de las nobles intenciones del alcalde y que sea esta una oportunidad para que él y su equipo hagan una revisión rigurosa de sus actuaciones en los otros contratos con Ventas Distribución y Marketing Ltda, al igual que los realizados con Twity S.A., Invercomer del Caribe, Megatiendas y los suscritos con Veneplast, entre otros”. Adicionalmente termina diciendo “debe revisar con detenimiento las contrataciones de personal y nombramientos como el realizado en el EPA, para evitar complicaciones”.
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