El 17 de julio de 2018, Álvaro Jesús Gómez Poveda, asumió la dirección General de la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar). Hoy, a menos de dos meses de cumplirse el año de estar al cargo, se conoció que Gómez presentó su carta de renuncia voluntaria al alcalde (e) Pedrito Pereira. Lea aquí: Las casas políticas detrás de los aspirantes a la Alcaldía
La misiva fue enviada al despacho del mandatario el pasado 23 de mayo. “Le comunico mi intención de presentar mi renuncia voluntaria al cargo de Director General (e) que ocupo desde julio de 2018, me gustaría aprovechar para agradecer el trato que durante todo este tiempo me han dispensado”, dice el documento.
La carta de renuncia de Gómez no da mayores explicaciones del por qué de su decisión, por lo que ha dejado a algunos sectores con la duda de qué pudo pasar.
Sobre su reemplazo, el alcalde Pereira confirmó a El Universal que será Claudia Navarro Díaz quien tome la dirección.
Navarro es historiadora con postgrados en economía e historia y se ha dedicado al trabajo académico e investigativo. Trabajaba como Gerente de la Unidad Cultural de la Caja de Compensación de Fenalco - Andi.
Denuncian presuntas irregularidades en contratación
La renuncia de Gómez Poveda se da días después de que María Victoria Maldonado, representante legal de la Empresa Administradora de Recursos Turísticos y Patrimoniales, EART, enviara una carta a la ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez Camacho, con copia a la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, denunciando presuntas irregularidades en contratación por parte de Etcar, el pasado 15 de mayo.
“Nos permitimos poner de presente presuntas irregularidades ocurridas en relación con la contratación adelantada por esa entidad, con desconocimiento a los principios y las reglas que rigen la contratación estatal, con el objetivo que se tomen las medidas urgentes y necesarias para proteger la legalidad”, dice la misiva.
Dentro del paquete de irregularidades señaladas, Maldonado inicia mencionando el contrato No. 0089 del 15 de agosto de 2014 celebrado entre EART y Etcar mediante el cual se proporcionó a la primera empresa un cubículo en el Castillo San Felipe para el funcionamiento de una ventanilla de taquilla abierta al público, que sirviera para proveer servicios de audioguías a quienes visitaran la fortificación con fines de turismo y recreación.
“El contrato se ejecutó sin inconveniente alguno y de forma continua hasta el 21 de diciembre de 2018, fecha en la cual recibimos una comunicación sorpresiva, fechada del día anterior, por parte de la Etcar, en la cual manifestaban sobre la terminación del negocio jurídico. Frente a esto manifestamos que dicho proceder no era adecuado al orden jurídico, dejando las respectivas constancias”.
Según el documento, luego de la terminación del contrato con EART, se radicó una “oferta de servicios de audiowalkers” para el Castillo San Felipe por parte de Caribe Cultural SAS.
En la propuesta presentada, la empresa habría incurrido en algunas irregularidades tales como no tener Registro Nacional de Turismo (lo obtuvo el día de la firma del contrato); manifestar que tenía experiencia aún cuando solo tenía escasos seis meses de constituida ante la Cámara de Comercio; entre otras.
Además, Maldonado señala que el contrato fue adjudicado de manera directa aludiendo el arrendamiento de bienes inmuebles, aún cuando no aplicaba para este caso. “Dentro de los mismos estudios previos ya se determina para quién va a ser el contrato que se va a celebrar, situación que es inaudita en los procesos de selección de contratistas”.
Finalmente, el documento recalca que Etcar esperó hasta el ultimo momento para que la empresa obtuviera el RNT y la certificación de los Soundwalkers. “Existió una comunicación permanente y constante entre ambas partes con el objeto de lograr la adjudicación del contrato, lo cual implica un desconocimiento a la libertad de concurrencia”, señala.
Además, alude a que la resolución de facturación de la DIAN corresponde a una fecha posterior a la celebración del contrato, con lo cual “queda claro que el contratista no contaba con todos los requisitos, ni la idoneidad para adelantar la celebración del contrato estatal y las obligaciones entre las partes”.
La solicitud de investigación fue adelantada ante Mincultura ya que esta es la entidad que tiene la vigilancia, dirección y control sobre la ejecución del convenio interadministrativo celebrado con la Etcar.
Aunque la Etcar no dio respuesta antes de ser publicada esta nota, la entidad indicó que este lunes se manifestará con la documentación correspondiente.
