A través de un oficio, la Procuraduría Provincial de Cartagena dio un ultimátum de 24 horas al alcalde de la ciudad, Pedrito Pereira, para tomar medidas urgentes e inmediatas para el traslado de las reclusas y el personal de la cárcel de mujeres de San Diego.
Es decir, la administración distrital deberá presentar en las próximas 24 horas el plan de acción a tomar. Lea: Se desprende parte del techo de la cárcel San Diego
“Le solicito a usted tomar medidas urgentes e inmediatas para el traslado del personal del establecimiento carcelario, informando antes de 24 horas el plan de acción a tomar y las gestiones adelantadas”, reposa en el documento, firmado por el procurador provincial de Cartagena, Guidobaldo Flórez.
La solicitud hecha por el Ministerio Público se da luego de una visita hecha hoy en la mañana al centro penitenciario, a raíz del desplome de una parte del techo, hecho que ocurrió el sábado y el cual se suma a las situaciones de riesgo a las que están expuestas las internas y el personal del lugar.
Crean Comisión
Sumado a esto, en la sesión del Concejo Distrital fue revisado el proyecto de traslado de la cárcel de mujeres. La plenaria expresó su preocupación por el poco avance que tiene dicha iniciativa, que busca proteger la vida de las reclusas del penal.
Ante esto, el presidente (e) del Concejo, César Pión, decidió crear una comisión, integrada por los concejales Wilson Toncel, Américo Mendoza, Carlos Barrios y Angélica Hodeg, para reunirse con la administración distrital e inspeccionar el avance del proceso.
La comisión estará acompañada por delegados de entidades como Dadis, Cardique, entre otras, que se encargarán de hacer las revisiones técnicas correspondientes.
Además, el concejal Wilson Toncel Ochoa pidió al alcalde y al secretario de Planeación de Turbaco acelerar los trámites necesarios para adecuar y legalizar la edificación a la cual contemplan trasladar a las internas y que se encuentra en el vecino municipio.
Traslado sigue sin definirse
Pese a los intentos del mandatario Pedrito Pereira por hacer posible el traslado, el cual ha sido postergado durante 10 años, lo cierto es que aún no es seguro, pues aunque la Alcaldía de Turbaco emitió un concepto favorable respecto al uso del suelo y normas urbanísticas de la zona a la que se mudaría el penal, un predio de conurbación en Turbaco, aún no hay una respuesta concreta.
En el último encuentro entre la comunidad del municipio y las autoridades, realizado el 5 de junio pasado, representantes de los barrios vecinos manifestaron nuevamente sus inconformidades con el proceso y expusieron supuestas irregularidades en el cumplimiento del uso de suelo, expedición de licencias y Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), a lo cual representantes de la Alcaldía de Turbaco precisaron que la revisión del PBOT sigue, lo cual indicaría que el traslado aún no es un hecho.
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