“Cayó la noche y el ministro Guillermo Reyes nunca llamó. William Camargo, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se pronunció y nos echó en cara los ‘$121 mil millones que se dejaron de recaudar en estos 16 meses de talanqueras arriba’ en el peaje de Turbaco, luego propuso una tarifa diferencial”. Lea: Esto fue lo que le dijo Mintransporte al alcalde de Turbaco sobre el peaje
Estas fueron las palabras de Claudia Espinosa, una dirigente política de Turbaco luego de desconocer la decisión que iba a tomar el Ministerio de Transporte respecto a dicha caseta, después de una turbulenta mesa de diálogo que se hizo el martes en la sede de la Gobernación de Bolívar. También le puede interesar: Esta sería la tarifa diferencial que se cobraría en el peaje de Turbaco
Posteriormente, en medio de la incertidumbre por lo que podría pasar con el peaje, el alcalde de Turbaco, Guillermo Torres, se pronunció a través de su cuenta en Twitter: “Acabo de comunicarme con el ministro de Transporte, el señor Guillermo Reyes. Me informa que el viernes tendremos un encuentro en el peaje de Turbaco, que tiene noticias positivas, muy importantes para el pueblo turbaquero. Ahí estaremos en paz, con espíritu positivo”.
El fallo
El pasado martes, el ministro Reyes aseguró que a finales de mes o principios de mayo se tomaría una decisión sobre el peaje de Turbaco. Pidió conformar una comisión de 10 personas para instalar mesas de diálogo. No obstante, en medio del debate, el veedor Héctor Pérez y Linda Pinedo Puello, habitante de Turbaco, le entregaron al ministro de Transporte un documento de la Corte Constitucional para respaldar a quienes piden el desmonte inmediato del peaje.
“Encontramos un fallo, 149 del 2010, de la Corte Constitucional, que dice que los territorios y los concejos municipales tienen unas facultades para regular el uso del suelo. En este nuevo contrato no se tuvo en consideración este punto. La construcción del peaje ha tenido afectaciones ambientales según un estudio realizado por la Universidad de Cartagena”, indicó Pinedo en entrevista con El Universal.
“Es una sentencia de constitucionalidad, dice que los macroproyectos de interés social nacional incorporados a los planes de ordenamiento territorial sí excluyen a los consejos comunales y distritales, y desconocen la competencia para regular el uso del suelo, es decir, encontraron un conflicto entre la Ley y la Constitución. ¿Qué resolvió la Corte? Declaró inexequible el artículo 79 de la Ley 1151 de 2007, por el cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo. Esta es una decisión que tiene efectos hacia futuro”, indicó Erick Urueta, de la Veeduría de la Rama Judicial.
Y continuó: “La Corte ha dicho que estas decisiones de control de constitucionalidad deben ser de obligatorio cumplimiento, es decir, estamos ante unas presuntas conductas delictivas y por ello el ministro está metido en un chicharrón. Por eso esas talanqueras deben estar levantadas a más tardar el viernes”.
Héctor Pérez indicó que ese peaje no estaba en el proyecto inicial: “El fallo es de 2010, no lo hicieron retroactivo y ya estaba firmado el contrato de concesión inicial desde el 2007, es decir, no le aplicaba. Ello indica que en el nuevo contrato firmado en septiembre del 2021 se debía aplicar a ese fallo que dice que no se pueden desconocer las autoridades locales cuando se hacen macroproyectos de esta naturaleza y el Concejo de Turbaco no ha aprobado en el POT ni en el uso del suelo la instalación de peajes”.
Por ello estos piden la suspensión del contrato o quitar el peaje de común acuerdo con el concesionario. “Este es un fallo que tiene aplicación a futuro, es decir, cada vez que se haga un proyecto se debe trabajar con las organizaciones locales. El ministro no conocía ese fallo y dijo que por qué ahora era que aparecía si desde hace tiempo se estaba cobrando peaje”, agregó Pérez. Con la entrega de ese documento se espera que el Gobierno desmonte de manera definitiva dicha caseta.