Cartillas escolares que nunca fueron entregadas, tres predios que habrían sido comprados con dineros de la educación y que fueron puestos a nombre de un particular, además de irregularidades en procesos de contratación en colegios de Cartagena.
Por estas presuntas conductas punibles son procesados tres rectores, una exsecretaria de Educación, un abogado falso y dos profesoras. Según indagaciones de la Dijín de la Policía Nacional, estas personas harían parte de un entramado de corrupción en distintas instituciones educativas, que salió a flote tras denuncias en medio de un proceso de la Contraloría Distrital de Cartagena.
Ese ente de control fiscal abrió un proceso contra Juan Carlos Castillo Castilla, por hechos que ocurrieron cuando era rector de la Institución Educativa de Bayunca.
Se indagaban inconsistencias en el manejo del presupuesto en el 2021 y presuntas irregularidades en contratos. Lea: Atención: capturan a 3 rectores de colegios públicos de Cartagena
“Este es un proceso que surge a través de una competencia de la Contraloría por el incumplimiento contractual en un solo proceso. De ahí se despliegan todas las actividades. El proceso inicia a través de la presunta falsedad documental de una persona que se hace pasar como abogado para ofrecer sus servicios en derecho en diferentes instituciones educativas. Entonces el proceso surge de ahí, de esa compulsa de copias y con ello empezamos a verificar en cuáles contratos había participado dicha persona y quiénes eran los intervinientes en los mismos. Es decir, la Contraloría hace una verificación contractual y pone en conocimiento de la Fiscalía General una serie de situaciones de falsedad personal que se estaban presentando con esta persona. Esencialmente fue por una documentación falsa que esta persona estaba presentando para ofrecer sus servicios como abogado, por un caso en el colegio de Fredonia”, indicó una fuente de la Dijín.
“Cuando empezamos a hacer la verificación de esta persona y con qué otros colegios contrataba, identificamos primero que él no era abogado, no era especialista. Pese a ello, prestaba sus servicios para la realización de diferentes procesos de manuales de contratación y logramos advertir que a él solo se le adjudicaron seis contratos. Pero no sólo esos seis contratos, sino que él era la cabeza para ubicar a otros contratistas para la ejecución de diferentes contratos.
En total fueron 20 contratos, entre contratos de asesoría jurídica para la realización de manuales de contratación los que están dentro de la investigación. Durante la pandemia de COVID-19 se hicieron contratos para material de apoyo estudiantil, que son cartillas escolares, diferentes materiales de apoyo. Allí identificamos que los colegios fraccionaban los contratos para no superar los topes establecidos por la Ley. Esos contratos estaban direccionados a contactos, a la empresa personal de este falso abogado y de su esposa y su excompañera sentimental, eran siempre ellas dos”, indicó la misma fuente.
Fue así como empezaron a investigar a Juan Carlos Castillo (para este una nueva investigación), exrector de la Institución Educativa Bayunca; Remberto Navas Moreno, rector de la Institución Educativa San Felipe Neri (en Olaya); y Robinson Orozco, quien fue rector de la Institución Educativa Luis Carlos Galán (en El Pozón).
“Esas son las tres instituciones educativas que fueron vinculadas dentro del proceso en las cuales se advirtieron seis contratos de asesoría jurídica -con Hernando Vargas-. También se identificaron tres contratos con una empresa de propiedad de esta persona (Corplimax SAS) para el mantenimiento de instalaciones y once contratos para la elaboración de material de apoyo estructural estudiantil (cartillas), que fue en el 2020 cuando estábamos en plena pandemia. La estructuración de los contratos se realizaba a partir de la realización de los manuales de contratación que hacía esta misma persona (Vargas). Posteriormente, este -presuntamente- direccionaba los contratos a su mujer y a su excompañera sentimental a través del fraccionamiento de recursos. Los vacíos jurídicos en los manuales de contratación eran aprovechados para fraccionar los contratos y de esta manera asignárselos a las personas que ellos querían”.
Las indagaciones dejan ver que Vargas, presuntamente, dirigía estos contratos a tres personas: Ubiter Álvarez Padilla, su mujer y exsecretaria de Educación del municipio de Villanueva; Luz Emilia Montalvo Castellano, su excompañera sentimental y docente de un colegio oficial en el Distrito; y Enoelia García Flórez, también profesora y quien es amiga de Ubiter.
“Fueron contratos que no se cumplieron a cabalidad, contratos de mantenimiento de las instituciones que no se ejecutaron. De hecho, hay material gráfico donde evidenciamos que en colegios se están cayendo las paredes, cuando hubo contratos para solucionar esto. Las cartillas o el material gráfico para los alumnos no se entregó y teníamos un contrato de prestaciones firmado como a satisfacción”, precisó el investigador.
Así mismo, El Universal conoció que en las indagaciones se identificó la adquisición de cuatro inmuebles o lotes para el funcionamiento del colegio Luis Carlos Galán, en El Pozón, cada uno por $30 millones.
Estos fueron comprados con recursos del Estado (del colegio) y fueron puestos a nombre de un tercero, quien posteriormente recibía los recursos del arrendamiento por parte de la misma administración.
“Inicialmente, empezó así: existían los recursos para pagar el arriendo, con esos mismos recursos compraron los lotes y los pusieron a nombre de una persona civil y posteriormente esa persona seguía recibiendo los recursos del arrendamiento por parte del colegio, como si los bienes o los lotes hubieran seguido siendo de propiedad de un tercero a quien se le pagaba el arriendo. Eran inmuebles y ahí adecuaron las instalaciones para el funcionamiento de una parte del colegio”, indicó otra fuente.
En total son 20 los contratos en los que se evidenciaron presuntas irregularidades, que alcanzan los 500 millones de pesos.
En audiencia
Los tres rectores, el falso abogado, las dos profesoras y la exsecretaria de Educación fueron capturados a mediados de abril y presentados ante un juez de Garantías. Debido a la complejidad de los procesos, las diligencias aún continúan.
El juez legalizó las capturas e imputó cargos a los procesados, que no fueron aceptados. Están en la audiencia de imposición de medida y en esta se decidirá si los imputados afrontan el proceso en libertad, si los cobijan con detención domiciliaria o si van a la cárcel.
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