El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena resolvió no admitir la demanda presentada por el Distrito contra KMA, firma a la que le fue adjudicado el polémico proyecto del Corredor Portuario de Cartagena, con el cual se instalarían nuevos peajes en la ciudad por al menos 30 años más.
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Según el juez, el Distrito no cumplió con el requisito de hacer una reclamación a KMA antes de presentar la demanda, por lo cual esta no fue admitida.
“Efectuado el estudio del proceso de referencia y revisada la foliatura aportada, observa esta judicatura que no se encuentra cumplida la exigencia legal citada para la admisión de la presente demanda de acción popular, como quiera que no se allegó la petición elevada con su respectiva constancia de radicación, por lo que se procederá a su inadmisión y se ordenará a la parte accionante a que subsane dicha falencia como lo consagra el artículo 20 de la Ley 472 de 1998”, dice la providencia.
Ante este hecho el Distrito solo afirmó que interpondrá los recursos de ley a los que haya lugar.
La demanda
La demanda presentada por el Distrito tiene como propósito que no se suscriba el contrato de concesión que fue adjudicado a KMA para el desarrollo del proyecto del Corredor Portuario, ya que en su concepto este vulnera los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y el interés general.
“El pago de peajes ya existente es rechazado por la ciudadanía y es de conocimiento nacional que la población cartagenera se ha manifestado en el sentido de no estar dispuesta a seguir pagando peajes, y la voluntad del pueblo está por encima de los intereses particulares. El interés general debe prevalecer aun cuando los actos que llevaron a la adjudicación de la concesión estén revestidos de legalidad. Esto debe tenerse en cuenta cuando se está frente a la violación de derechos colectivos como la moralidad administrativa”, dice uno de los apartes de la demanda.
Por este motivo, entre sus pretensiones está que se adopten medidas legales contractuales, administrativas, financieras y técnicas para prevenir la vulneración de estos derechos.
Cabe recordar que este contrato fue adjudicado a KMA por la administración distrital anterior, a través de la Resolución 9217 del 16 de diciembre del 2019.