La corrupción que devora a los colegios de Cartagena

06 de julio de 2020 12:00 AM
La corrupción que devora a los colegios de Cartagena
El Colegio San Felipe Neri fue demolido en mayo del año pasado con la promesa de ser entregado en diciembre de 2019. Así permanece hoy. //Aroldo Mestre - El Universal.

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La Institución Educativa de Tierrabomba, en la zona insular, tan abandonada históricamente por el Distrito, puede ser uno de los mayores ejemplos de como la desidia y la corrupción han terminado por frustrar el sueño de muchos niños y niñas en Cartagena de acceder a una educación de calidad.

Las carencias son evidentes. A los jóvenes les toca dar clases en los estrechos patios por falta de luz, porque al interior de las aulas el calor se vuelve insoportable. La salinidad deteriora cada vez más la precaria infraestructura de los bloques escolares que parecen no tener dolientes. La dotación de libros es escasa y la conectividad es prácticamente nula, aspecto que ha afectado la continuidad de las clases durante la pandemia. (Lea: Cartagena Insular: Tierrabomba, una isla que se siente invisible)

“Ese es un lugar donde los niños no tienen donde recrearse, van al descanso en la calle. A veces toca mandarlos a su casa para que vayan al baño porque aquí el agua no da abasto”, dice Denis Franco, coordinadora de la institución.

Imagen ietierrabomba

La I.E de Tierrabomba se encuentra en un visible estado de deterioro.

Por eso no es una sorpresa que este colegio se encuentre en calificación “D”, la más baja en calidad educativa, pues según los directivos, por más que los chicos estén motivados para estudiar, las condiciones simplemente son muy difíciles para hacerlo. “Acá trabajamos prácticamente con las uñas”, dice Franco.

Lo triste del caso es que esta no es la única institución del Distrito en estas condiciones. Recordado es el caso del colegio San Felipe Neri, en Olaya Herrera, que fue demolido totalmente el año pasado para su reconstrucción con la promesa de ser entregado en diciembre, cosa que no sucedió y por la cual los 1.700 estudiantes del colegio tuvieron que recibir sus clases en otras instituciones a comienzos de este año. (Le recomendamos: Dinero para reconstruir el San Felipe Neri no alcanza para terminar la obra)

O la IE Fernández Baena en el barrio Bosque, cuyos estudiantes se vieron obligados a protestar varias veces durante el año pasado para que se iniciaran las intervenciones en la infraestructura.

En Tierrabaja, las instalaciones se quedaron cortas para tantos estudiantes que sufrían por el hacinamiento y en la IE Nuestra Señora del Buen Aire de Pasacaballos las deficiencias en los servicios de agua y energía afectaban reiteradamente el desarrollo de las clases presenciales.

La lista de colegios continúa y es bastante larga, al igual que las acciones judiciales que cursan en este momento contra el Distrito por la falta de respuesta ante estos problemas, los cuales fueron dados a conocer de forma consolidada durante la presentación del ‘libro blanco de la corrupción en Cartagena’, elaborado por el alcalde William Dau y las demás dependencias del Distrito. (Lea aquí: Minuto a minuto: los hallazgos de Dau en la Alcaldía de Cartagena)

En el documento también se alerta que en 2018, de conformidad con un informe de auditoría sobre los recursos del Sistema General de Participación, se encontraron hallazgos con presunta incidencia fiscal y un retraso de más de 456 días en obras que hacen parte del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE).

Cobertura insuficiente

Por otra parte en cuanto a cobertura educativa, la Alcaldía encontró 1.200 solicitudes para cupos escolares en las primeras cuatro semanas del año y con registros de 2019 sin respuesta. Además, afirman que hay 688 viviendas en El Pozón que no cuenta con oferta institucional ante la falta de previsión y planeación de las nuevas demandas educativas.

Los retrasos

Asimismo la Secretaría de Educación aseguró que el incumplimiento en la entrega oportuna de la información para que la nueva administración iniciara sus labores, retrasó varios procesos importantes de este año entre los que se encuentra la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que fue adjudicado tardíamente en el mes de abril tras un largo proceso.

Tampoco se cancelaron las pólizas de seguro de los estudiantes, las obligaciones pendientes del PAE en 2018 y 2019 y los recibos de agua y luz de los meses de octubre a diciembre, por los que la administración actual tuvo que responder.

También se encontró mora en el pago de los cánones de arrendamiento 2019 a las instituciones educativas de Las Gaviotas (tres meses), El Progreso (siete meses) y Las Américas (siete meses), operadas por Fe y Alegría.

Otro de los hallazgos tiene que ver con que a corte de 31 de diciembre de 2019, no fue cancelada la nómina de diciembre de 770 docentes y administrativos correspondiente a un total de $1.633.051.002 y demás conceptos de nómina estimados en $8.481.924.315, que fueron pagados en enero.

“Desde que se generó esta obligación, fueron múltiples los requerimientos de los funcionarios afectados y las entidades financieras, ya que en su mayoría corresponden a descuentos de libranzas y bancos que generaban intereses de mora y en algunos casos bloqueo de los productos crediticios, al igual que medicina prepagada, seguros de vida y aportes sindicales que generaron suspensión de los servicios de salud, y seguros. Esta situación tuvo que ser solucionada con recursos de la vigencia 2020, pagándose en el mes de marzo”, informó la Secretaría de Educación.

Negligencias

En la Secretaría de Educación Distrital (SED) también se identificaron serias negligencias administrativas que tienen que ver con el incumplimiento de la Ley de Archivo, encontrando un número importante de cajas, carpetas y documentos sueltos sin identificación, ubicados en pasillos y rutas de evacuación.

También se encontraron 55 peticiones vencidas y 112 oficios de correspondencia sin terminar gestión. En cuanto a requerimientos ciudadanos, se evidenciaron 332 sin finalizar.

El presupuesto

De acuerdo a lo expuesto en el libro blanco, el presupuesto 2020 de la SED fue aprobado de manera deficitaria por un monto de 207.808.000.000, creando inconvenientes en la toma de decisiones para la asignación de cupos de la demanda actual y en la financiación de programas importantes para el sector educativo.

Además, quedaron obligaciones pendientes de pago del año pasado por $17.444.080.028.

Los procesos contra el Distrito

En total se cuentan 12 acciones judiciales contra el Distrito por la precaria infraestructura educativa en las siguientes instituciones:

-IE Tierrabaja.

-IE Soledad Acosta de Samper sede Emiliano Alcalá Romero (Blas de Lezo).

-IE Nuestra Señora del Buen Aire de Pasacaballos.

-IE Alberto Elías Fernández Baena (El Bosque).

-IE Omaira Sánchez (La Candelaria).

-IE Boquilla.

-IE Rafael Núñez sede Simón J. Vélez (El Prado)

-IE San Francisco de Asís de Membrillal.

-IE San Felipe Neri (Olaya Herrera).

-IE Santa Cruz del Islote.

-IE de Tierrabomba.

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