Cursan en los juzgados civiles y administrativos de Cartagena un sinnúmero de procesos ejecutivos en contra de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe), mediante los cuales se pretende el pago de obligaciones incumplidas por esa empresa a varios de sus acreedores-contratistas, quienes en su momento prestaron sus servicios a satisfacción del contratante, convencidos de que el pago de sus servicios sería atendido dentro de los plazos comerciales y legales. Lea: Concejo debate traslado de $25 mil millones en presupuesto para el 2023
En uno de los casos, en el que se inició con una deuda de $350.680.443 hace 11 años, a la fecha la cifra va en $1.547.003.99. También le puede interesar: Presuntos riesgos en un contrato entre la Alcaldía de Cartagena y Edurbe
“Edurbe, frente al desconocimiento y el no querer pagar las obligaciones a sus acreedores bajo el argumento peregrino de no contar con recursos ni siquiera para realizar el pago de la nómina de sus trabajadores, en aras de evitar la persecución de sus activos representados en bienes inmuebles improductivos, bajo la gerencia del señor Ramón Expósito, expidieron la Resolución 15-0064 del 26 de agosto del 2015, por la cual se publicaron los bienes de propiedad de Edurbe como bienes fiscales imprescriptibles y sin limitación de enajenación por parte de la empresa”, argumentó Edgardo Gómez, abogado de varias de las personas a las que les deben.
“Las medidas cautelares que hemos solicitado sobre los activos-inmuebles de propiedad de la empresa resultan ilusorias al no ser decretadas por los jueces civiles del circuito de Cartagena, por considerar que los mismos tienen el carácter de bienes fiscales, en contrasentido de la posición asumida por los juzgados administrativos del circuito de Cartagena, que sí decretan el embargo sobre los bienes inmuebles de propiedad de Edurbe”.
En documentos relacionados con el caso se indica que el 5 de septiembre de este año la gerencia de Edurbe respondió al derecho de petición en el cual se le solicitaba información sobre algunos inmuebles de la empresa.
“El contenido de la respuesta se resume a manifestar que por tener Edurbe la calidad de sociedad por acciones de capital íntegramente público y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución y el artículo 61 del Código de Comercio, no es posible atender el referido derecho de petición, por cuanto las copias solicitadas en el mismo se encuentran protegidas por reserva legal”, señaló Gómez.
Aunque Edurbe no respondió, el jurista señala que la empresa poseería activos representados en bienes inmuebles inactivos e improductivos por $291.319.559.680, “suficientes para atender el pago y saneamiento de todas las obligaciones a cargo de esa empresa, incluyendo las laborales, fiscales, reales y quirografarias que de antaño viene arrastrando sin que ninguno de los gerentes, incluyendo la actual, haya dado muestra de una gestión tendiente que procure buscar una verdadera y efectiva solución”.
Así mismo, el denunciante señala que la Junta Directiva se ha venido negando a autorizar a la representante legal de la empresa para que mediante la figura de “dación en pago” cancele y detenga la causación del detrimento patrimonial de esa empresa, “configurando un enriquecimiento sin causa a su favor y correlativo empobrecimiento cada vez más a quienes de buena fe y bajo la confianza legitima prestaron sus servicios a través de diferentes modalidades contractuales”.
Dos casos
Solo para citar dos casos sobre el detrimento patrimonial a la empresa y el empobrecimiento a sus acreedores, el abogado Hertha Hernández expresó: “El proceso ejecutivo que cursa en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena, donde funge como demandante la señora Silsa Muñoz Serrano, cesionaria de Ferretería Servirodamientos S.A.S., (suministro de materiales), cuyo capital inicial es de $350.680.442, exigible desde abril del 2012, y que a junio del 2023 supera los $1.500.000.000 con los intereses moratorios y costas del proceso incluidas.
Otro caso es el proceso ejecutivo que cursa en el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena, donde funge como demandante la señora Gloria Acosta Sandoval, cesionaria de Inversiones Rincón Ltda., cuyo capital inicial es de $ 307.000.000 (suministro de materiales para construcción), exigible desde abril del 2011 y que a junio del 2023 supera los $1.500.000.000 con los intereses moratorios y costas del proceso incluidas. Detrimento patrimonial de $2.911.586.234”.
Respecto a estas deudas, María Verónica González Flórez, gerente de Edurbe, señaló que en 2011 la entidad celebró contratos de suministros con varias empresas que le proporcionaron materiales de construcción para obras civiles que realizaba en ese año, en ejecución de varios contratos interadministrativos.
“En esa época Edurbe pagaba directamente a sus contratistas por unidad de caja, haciendo pagos por tesorería desde sus cuentas bancarias. Por circunstancias, algunas de esas obligaciones quedaron sin pagar. En agosto del 2012, por disposición de la Junta Directiva de la empresa, todos los recursos que ingresaran por la celebración de contratos interadministrativos debían ser manejados a través de patrimonios autónomos, por encargos fiduciarios. Las sociedades a las que Edurbe no les pagó totalmente sus obligaciones instauraron procesos ejecutivos en su contra y están siendo tramitados en los juzgados de la ciudad. La situación económica actual de Edurbe es difícil, pues no cuenta con los recursos que le permitan satisfacer el pago de las obligaciones pendientes ni de aquellas que se exigen por la vía ejecutiva. Los directivos de la empresa, su Junta Directiva y la Gerencia están dedicados a conseguir los recursos que permitan satisfacer todas las obligaciones pendientes, especialmente las que nos son exigidas en procesos ejecutivos. Una vez que Edurbe cuente con recursos necesarios, procederá a pagar las obligaciones que tiene pendientes”, señaló González.