Los Juzgados Séptimo, Primero y Segundo Penal del Circuito de Cartagena tomaron la decisión de reconocer al Distrito como víctima dentro de los procesos que se adelantan en contra del clan Quiroz, el cual está en la mira de las autoridades desde la caída del edificio Portales de Blas de Lezo II en 2017 y por construir 16 edificaciones más sin el lleno de los requisitos legales.
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El reconocimiento fue dado al Distrito por solicitud del abogado representante de la Alcaldía, Anthony Sampayo Molina, quien expuso los argumentos por los cuales el Distrito también se vio afectado por el accionar de los Quiroz.
“Al Distrito de Cartagena también se le causaron perjuicios económicos con los delitos cometidos por los Quiroz con la construcción ilegal de los edificios, entre esos perjuicios se encuentran los pagos de los subsidios, contratos que se tuvieron que celebrar, entre otros”, explicó la Oficina Asesora Jurídica.
Cabe recordar que en 2018 las familias que ocupaban los edificios construidos por los Quiroz se vieron obligadas a evacuar, por lo cual se le ordenó al Distrito pagar subsidios de arriendo para que estas pudieran sobrevivir. Además se debieron realizar estudios técnicos a las edificaciones. El Distrito informó que a corte de mayo de 2021, la suma de subsidios entregados alcanza los $5 mil millones.
Reciba noticias de El Universal desde Google News Ahora, con el reconocimiento de víctima, el Distrito también podría ser reparado económicamente.
“Con esta decisión se da un giro importante en los procesos, pues el Distrito entra formalmente, por primera vez en más de tres años desde que se inició el proceso penal, a cumplir con su obligación como ente territorial de proteger los dineros públicos pertenecientes a toda la sociedad cartagenera, abriéndose la posibilidad de que se le puedan resarcir todos los daños sufridos por la comisión de los delitos derivados de la construcción de los distintos edificios”, agregaron de Jurídica.
Señalaron que los responsables de reparar a las víctimas son los Quiroz. “Teniendo en cuenta que el perjuicio fue ocasionado como consecuencia de la comisión de conductas punibles, con unos actores claramente determinados por la Fiscalía y que dieron lugar a un negocio entre particulares cuyas consecuencias nocivas transcienden a las arcas del Distrito, los llamados a reparar a las víctimas, incluida la ciudad de Cartagena, son los Quiroz, quienes en todos los procesos penales han sido calificados como los únicos responsables”, puntualizaron.
Javier Doria, abogado de varias familias víctimas de los Quiroz, indicó que se opondrán al hecho de que el Distrito y otras entidades públicas y bancarias asuman “una postura que no les corresponde”.
“En realidad es una postura atrevida la que asumen estas entidades al pretender ser reconocidas como víctimas desconociendo que las únicas verdaderas víctimas de toda esta tragedia son las personas que murieron en la caída del edificio Portales de Blas de Lezo II y por supuesto las más de 200 familias que tuvieron que ser desalojadas de sus viviendas cuando se descubrió que el Distrito había sido omisivo en el cumplimiento de sus obligaciones de control y vigilancia”, dijo Doria.
Añadió que todo esto lo hacen con el fin de “evadir la verdadera responsabilidad que tienen al haber permitido que se adelantaran construcciones ilegales en Cartagena sin ningún tipo de control”.
“Además se descubrió que detrás de toda esa situación estaba el incumplimiento sistemático de las normas porque funcionarios de la misma administración habían entrado en una alianza corrupta con los constructores ilegales, entonces que se reconozcan como víctimas en realidad es una afrenta contra las familias”, dijo.
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El abogado aseguró que seguirá luchando para que todas las familias que han sufrido por esta situación sean reconocidas e indemnizadas, y remató diciendo que “aunque el Distrito pretenda asumir la falsa postura de ser víctima, en realidad fueron sus funcionarios quienes celebraron esa alianza corrupta para perjudicar a cientos de familias en Cartagena”.
Sobre la continuidad de los subsidios, desde la Oficina Jurídica afirmaron que no son objeto de debate en el proceso penal, en el cual el Distrito fue reconocido como víctima.
Sin embargo cabe recordar que en estos momentos el pago se encuentra suspendido, ya que la administración está revisando situaciones particulares.
“Pese a que los titulares han declarado bajo juramento que sus inmuebles están desocupados, terceros se encuentran habitando los apartamentos y se proclaman propietarios de estos, razón por la cual en este momento es inviable proceder con los pagos”, manifestó la administración.
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