¿Podría haber confabulación en la obtención de pensiones?

07 de julio de 2020 12:00 AM
¿Podría haber confabulación en la obtención de pensiones?
En 2019 se reportaban 105 jueces en Cartagena, mientras que en el sur de Bolívar la cantidad es inferior.

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El ‘Libro Blanco’ presentado por el alcalde de Cartagena William Dau ha dejado, además de reacciones, muchas dudas sobre las acciones de las administraciones pasadas e incluso de los órgano de control, pero sobre todo, de ser ciertas las acusaciones, este libro daría cuenta del entramado de corrupción del cual mucho se comenta en la ciudad.

Uno de los primeros temas de este nuevo capítulo de la administración Dau hace referencia a pensiones obtenidas presuntamente de forma irregular y a pagos de retroactivos millonarios a terceros cesionarios de crédito. (Lea aquí: Presunto cartel de las pensiones en Cartagena)

De acuerdo con el director de Fonpecar, Carlos Alberto La Rota, hay tres casos en particular, que están dentro del proceso investigativo y en donde al parecer se habrían usado documentos falsos. Pero la supuesta falsedad de los documentos no fue el único hecho llamativo de los hallazgos de la administración, sino que además se encontró que en repetidas ocasiones reclamantes de pensiones preferían instaurar tutelas en el sur de Bolívar, a más de 300 kilómetros de Cartagena.

“Ellos venían reclamando pensiones y les fueron negadas, y entre 2012 y 2013 empiezan a presentar tutelas, pero no en Cartagena, donde estas personas residen, sino en varios municipios, muchos de ellos en el sur de Bolívar o hasta en Sucre”, contó La Rota.

Este detalle, que pudiera parecer insignificante, pues de acuerdo con las leyes cualquier persona puede escoger ante qué juez y en qué lugar puede interponer una acción de tutela, la abogada Tatiana Maturana explica cómo esto podría constituirse en un mecanismo de confabulación para obtener decisiones favorables.

Maturana aclara que si bien “la Constitución Política estableció en el artículo 86 que la tutela procederá ante los jueces, en todo momento y lugar, para la protección de derechos fundamentales y cualquier persona puede escoger ante qué juez y en qué lugar puede interponer una acción de tutela”, no obstante, “la misma Corte Constitucional determinó que esta competencia debe ceñirse a las reglas determinadas en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. Esto significa que: la acción de tutela debe presentarse donde ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o donde se produzcan sus efectos”.

“Por ejemplo, si se solicita reconocimiento pensional en Cartagena en el fondo de pensiones en el que coticé toda mi vida, pero me mudé a Barranquilla y coloqué como sitio de notificación esta ciudad, allí resido, voto y estoy afiliado en el sistema de salud; luego puedo escoger a Cartagena o a Barranquilla para presentar una tutela contra el fondo de pensiones de Cartagena y es totalmente viable, pero no puedo presentarla en Bogotá”.

Es decir, el accionante (quien presenta la tutela), debe interponerla en el lugar donde se vulneraron o pusieron en peligro sus derechos. Que en el caso de los reclamantes de las pensiones sería Cartagena. Aunque Maturana aclara que habría que determinar si los accionantes recibían los efectos del no pago de sus pensiones en el sur de Bolívar (porque residían allí).

¿Juez a dedo?

Sin embargo, de acuerdo con lo expresado por La Rota, los accionantes no residían en el sur de Bolívar. Así las cosas surge la duda ¿es posible que hayan escogido el sur de Bolívar como estrategia?

En este punto la abogada explica que sí es una posibilidad, teniendo en cuenta que la cantidad de jueces que hay en Cartagena es amplia, contrario al menor número de jueces en el sur de Bolívar en que se hayan radicado las tutelas, lo cual hace más factible en ese territorio saber a qué jueces les podría corresponder el conocimiento de la tutela.

“En Cartagena el reparto de las tutelas es automatizado, por lo cual no es posible saber a quién le corresponderá el conocimiento de una acción de tutela; en cambio, en los pueblos, en las veredas, el reparto es manual, entonces se sabe exactamente a quién le corresponderá el conocimiento de una tutela de acuerdo al turno que tenga en la semana; o sea que es posible saber cuándo “al amigo” le corresponderá conocer de una acción de tutela”, explica Maturana.

Dos posibles hechos

Partiendo de ese hecho, la abogada plantea dos premisas, y es que estas personas hayan acudido a estos jueces sabiendo que en la ciudad de Cartagena ningún juez accedería a este tipo de solicitudes de contenido económico a no ser que haya una vulneración grave de los derechos del accionantes y que acudiendo donde jueces “amigos” en el sur de Bolívar sí fuese posible acceder a ello.

Esto quiere decir que los jueces posiblemente con conocimiento de causa y en espera de una retribución, hayan concedido los derechos solicitados en contraprestación de un beneficio, aprovechándose de la celeridad y poca formalidad de las acciones de tutela.

Maturana plantea que “la elección del juez al parecer podría tratarse de una confabulación entre jueces y accionantes para obtener sentencias favorables, que no hubiesen obtenido en Cartagena. De ser así habría que ver qué hizo el distrito de Cartagena cuando se le ordenó pagar esas sumas cuantiosas de manera ilegal. Es decir, si impugnaron la decisión, si solicitaron la revisión ante la Corte Constitucional, si presentaron una acción de tutela por cosa juzgada fraudulenta; si denunciaron penalmente a los jueces y accionantes por la presunta comisión de conductas reprochables tanto penal como disciplinariamente, etc.”.

Consecuencias
Si una persona miente sobre su domicilio o su residencia, con el fin de presentar una tutela en un sitio diferente, puede ser investigado por inducir en error al funcionario judicial o a la entidad pública demandada

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