Por $240 millones, Distrito contrató refrigerios para la fuerza pública

07 de mayo de 2020 10:33 AM
Por $240 millones, Distrito contrató refrigerios para la fuerza pública
Diariamente los miembros de la fuerza pública realizan operativos en la ciudad para verificar el cumplimiento del aislamiento. / Foto: Julio Castaño Beltrán -EU.

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La emergencia que se ha generado en el país y el mundo por cuenta del coronavirus ha llevado a que las alcaldías y sus dependencias destinen recursos para fortalecer la red de salud pública, llevar alimentos a los más necesitados, dotar de implementos de protección a funcionarios, miembros de las diferentes instituciones y demás.

En medio de esas contrataciones, se conoció que la semana pasada la Secretaría del Interior de Cartagena adjudicó a través de contratación directa por urgencia manifiesta un contrato por 240 millones de pesos a la empresa Lonch Refrigerios S.A.S, cuyo representante legal es Ruth Isabel Cueto Pua.

El objeto contractual es “el suministro de refrigerios para los organismos de seguridad con presencia en el Distrito de Cartagena, con cargo a los recursos del Plan Integral de Seguridad Ciudadana – Fonset- en el marco del proyecto fortalecimiento de los mecanismos institucionales y comunitarios de prevención y reacción a situaciones de riesgo por conductas delictivas en Cartagena”.

Según contó el secretario del Interior, David Múnera, este contrato comenzó a ejecutarse esta semana y tiene un plazo de 2 meses o antes, en caso que termine la emergencia sanitaria, pues contempla la entrega de 1.000 refrigerios diarios con bebidas y envoltura, cada uno con un valor de 4 mil pesos.

“Este es un contrato que tiene como base los dineros provienen del Fonset para garantizar a la Policía y a la Armada tener un refrigerio en el desarrollo de su jornada de prestación de servicio, teniendo en cuenta que durante esta emergencia ellos están en operativos constantemente”, dijo Múnera.

Una traba en el proceso

Cabe recordar que este contrato había sido adjudicado inicialmente a la empresa Ramar S.A.S. por un valor de 390 millones de pesos, sin embargo, nunca se llegó a legalizar y se terminó por mutuo acuerdo ya que uno de los socios de la empresa resultó siendo familiar de la secretaria General del Distrito, Diana Martínez Berrocal, lo que para la administración se tradujo “no en un problema de legalidad si no de ética, de transmitir el principio de transparencia”. (Lea aquí: Distrito aclara por qué terminó contrato cuestionado de $390 millones)

“Sin la advertencia de la secretaria General seguramente yo hubiera terminado por ejecutar ese contrato porque tenía todos los requisitos de legalidad, pero hemos decidido terminarlo por conveniencia, por transparencia”, afirmó Múnera.

La terminación del contrato se dio el pasado 10 de abril, empero, resultó conveniente para el Distrito en el sentido de que se consiguió una mejor oferta con un ahorro de 150 millones de pesos.

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