A Raúl Mejía se le olvidan las cosas. Su abuela, Carmen Arrieta, lo mira de reojo mientras él intenta en su mente organizar una frase que explique su situación. Hasta hace ocho meses los silencios en su hogar eran más cortos, Raúl y su primo Omar Mendoza entraban a su casa en Nelson Mandela contando detalles de su trabajo como obreros en Blas de Lezo, conversaban con su abuela y veían con optimismo el siguiente día.
Raúl, Carmen y Omar llegaron a Cartagena hace tres años, los dos chicos, entonces con 18 años, confiaban que en esta ciudad encontrarían la oportunidad para estudiar alguna profesión después de terminar el bachillerato en Magangué.
A principios de año, Omar consiguió trabajo como asistente en la construcción del edificio Portales de Blas de Lezo II y tras unos días se llevó a Raúl para que fuera su ayudante.
El 27 de abril, Raúl y Omar estaban en el quinto piso puliendo una de las paredes del edificio en construcción, cuando los cimientos de la obra cedieron y todo se vino abajo. Raúl fue rescatado a las once de la mañana, pero esa es una de las cosas que se borraron de su mente.
“No recuerdo cuándo me rescataron, solo sé que me sacaron de los escombros, tenía dolor en la mano, una herida en el costado y en la cara”, contó Raúl. A su primo lo encontraron muerto.
Sin retomar sus vidas
El once de diciembre, Raúl y ocho familiares de víctimas de la denominada tragedia de Blas de Lezo se reunieron frente al Complejo Judicial en la plaza Benkos Biohó para insistir en la solicitud de una audiencia urgente con la Fiscal 4 Seccional de Cartagena. Buscaban que se ordenara el embargo de los bienes de Wilfran Enrique Quiroz, pues el miércoles 13 de diciembre vencía la prohibición de enajenación, impuesta durante la audiencia de imputación.
Los bienes, según los familiares, servirían como garantía para una indemnización económica que piden, por la pérdida de familiares y por los daños de quienes resultaron heridos.
“Si el Distrito no se quiere hacer cargo de eso, ellos con qué nos van a responder, llevamos desde que ocurrió el accidente, tratando de retomar nuestras vidas y no hemos podido, porque fueron nuestros esposos y hermanos quienes murieron ahí, y los que quedaron vivos no se han podido recuperar”, explicó Viviana Suárez, esposa de uno de los obreros heridos.
Viviana tiene cuatro hijos, después del desplome su esposo solo camina con ayuda de las muletas y esta semana tuvieron que hospitalizarlo porque una cirugía en el fémur se complicó. “A él le quedó una pierna más larga que la otra, tiene una oreja pequeña y dificultad para moverse solo, así que me he tenido que dividir entre trabajar, cuidar a los niños y cuidarlo a él. Nos habíamos ido para el pueblo, pero vinimos por una cita normal y hubo que hospitalizarlo”, concretó Viviana.
Magali Madera, la suegra de Viviana, no tuvo oportunidad de volver a ver a su esposo, Rafael Mendoza. Ella, como Rubén y otros familiares de víctimas de la tragedia, vive en Nelson Mandela y con lo que trabajaban su hijo y su esposo podía mantener su hogar. Pero ahora vive sola, acompañada ocasionalmente por la familia de Viviana.
¿Negocios alternativos?
A Magali, Viviana y otras 35 familias de afectados, el PES les otorgó un apoyo para empezar proyectos de generación de ingresos. Javier Lora, director del programa, aseguró que tras la tragedia se hizo un pacto con las 43 familias (21 obreros fallecieron y 22 resultaron heridos).
“Durante tres meses se les dio apoyo de arriendo y alimentación, más tarde se les ayudó a formalizar negocios de emprendimiento con 2 millones de pesos por proyecto y la fundación operadora les ha hecho seguimiento”, explicó el funcionario.
Los proyectos, sin embargo, al parecer no fueron suficientes para las familias.
En casa de Raúl, la señora Carmen atiende uno de los proyectos, es una papelería y en los gastos del proyecto se incluyó la estantería y una impresora. ¿Cuánto había vendido el día que la visitamos? Nada.
“Eso que está ahí es una papelería que nos dieron, hace rato, en los primeros meses del accidente”, contó Carmen.
Son dos estantes llenos de cuadernos, colores, lapiceros y otros útiles que, según piensa Carmen, se quedarán allí hasta que se retomen clases, porque desde hace quince días no venden nada.
“En temporada escolar pasaban como quince días y recogíamos 50 o 60 mil pesos y yo le surtía, pero desde que salieron del colegio, eso está empolvado ahí”, explicó una hija de Carmen.
Lenta recuperación
Raúl tiene una cicatriz en la frente, en la espalda y en la mano izquierda, hace tres meses está esperando disponibilidad para una nueva cirugía que deben hacerle, pues tres dedos no le funcionan bien.
La herida del costado no dejó secuelas, pero la familia piensa que el golpe en la cabeza sí lo ha cambiado. “Hay momentos en que está hablando con nosotros y se le olvida lo que le acabamos de decir, se le alteran los nervios... está diferente”, relató una prima. Él mismo reconoce que en las noches no duerme bien, tampoco su abuela.
“A veces me despierto de una pesadilla, salgo y la encuentro llorando... a ella le duele porque nos crió desde pequeñitos”, narró Raúl. Sus pesadillas consisten en repetir lo que recuerda de la caída del edificio, se siente otra vez en el quinto piso y nuevamente se cae sobre él y sobre su primo.Piden indemnización
En una carta dirigida al Fiscal 4 seccional, siete lesionados y seis familiares de víctimas fatales solicitaron que se ordenara el embargo a los bienes de Wilfran Quiroz y demás implicados para asegurar que se les pueda indemnizar por el daño sufrido.
“Es pertinente, conducente y de utilidad la materialización de esta medida cautelar, toda vez que hasta la fecha no se ha llegado a la instancia para pedir y tramitar el incidente de reparación de perjuicios y la manera más expedita y eficaz de asegurar que los perjuicios sean resarcidos por la muerte de nuestros familiares es con el producto de los bienes que se encuentran en cabeza de los investigados”, decía la comunicación que hasta ahora no ha recibido respuesta.
Comentarios ()