Los estudiantes de las instituciones públicas de la ciudad dentro de poco tendrán alimentación escolar para poder culminar el segundo periodo académico.
Así lo dio a conocer el alcalde (e) Pedrito Pereira, quien manifestó que el proceso liderado por la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) ha dado buenos resultados.
“Se contrató con la Bolsa Mercantil porque no había otro mecanismo legal que nos diera la seguridad para poder prestar el servicio y menos estando inmersos en Ley de Garantías, de tal manera que en este mes se dará la compra en la bolsa y estaremos prestando nuevamente el servicio de alimentación escolar en la primera semana de agosto”, manifestó Pereira.
Esta es la segunda vez que se utiliza este proceso de contratación ya que el operador que prestó el servicio durante el 2018 e inicios del 2019 fue escogido a través de la BMC, y aunque no fue perfecto, algunos rectores manifestaron a este medio su complacencia con el servicio.
“La prestación del servicio desde que se contrató por medio de la BMC fue buena, aunque está sujeto a mejoras, pero en términos generales no hay mayores quejas del servicio”, dijo Arides Sandoval Peñata, rector de la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices (Inem).
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Cabe resaltar que antes de recurrir este tipo de contratación el Distrito de Cartagena adelantó en varias ocasiones licitación pública y un proceso de selección abreviada, en los cuales no se realizó ninguna contratación, puesto que ninguno de los proponentes cumplió con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones en cada caso. En ambas ocasiones fueron interpuestos los recursos de ley, los cuales fueron oportunamente resueltos en derecho por el Distrito.
El proceso de Bolsa Mercantil encuentra su fundamento normativo en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, dentro de la modalidad de selección abreviada, para la compra de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, así como productos de origen o destinación agropecuaria.
Este tipo de proceso con la BMC, tiene como ventaja que adopta los principios de la contratación estatal, la función administrativa y la gestión fiscal, a pesar de contar con su propio régimen de contratación.
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