A mediados de diciembre del 2021 arrancaron las obras del megaproyecto de Protección Costera, que contará con una inversión total de $160 mil millones. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), las obras avanzan sin contratiempos a pesar de las protestas que han realizado los servidores turísticos en las zonas que están siendo intervenidas. (Lea: Advierten que obras de Protección Costera afectarían al patrimonio)
Los requerimientos de los vendedores de las playas no es lo único que ha surgido desde que comenzaron las intervenciones, puesto que una vez finalizadas las obras de la protección marginal entre la curva de Santo Domingo y el monumento a Los Océanos, han surgido críticas porque el enrocado en ese tramo afectaría la visual hacia el mar para las personas que transitan en sus vehículos por la avenida Santander. (También le puede interesar: Alcaldía logra acuerdo con servidores turísticos de las playas)
La supuesta violación del patrimonio es otro debate que se ha tejido alrededor del proyecto. Esta semana Alfonso Cabrera, secretario del Comité Técnico de Patrimonio y Cultura, advirtió que las intervenciones entre el monumento a Los Océanos y el espigón de La Tenaza podrían afectar la escollera sumergida de La Marina.
Reciba noticias de El Universal desde Google News A pesar de las afirmaciones de Cabrera, la directora de Valorización, María Isabel Lugo, reiteró que las obras adelantadas hasta el momento no están afectando al patrimonio de Cartagena. Sin embargo, ha tenido que lidiar sobre temas que, según explica, al ya haber surtido el trámite legal necesario, causan un desgaste administrativo.
El Universal consultó con Alberto Samudio, arquitecto especialista en la conservación del patrimonio histórico, quien destacó que las intervenciones son necesarias para la ciudad y no afectan el patrimonio.
“Según Alfonso Cabrera, secretario del Comité Técnico de Patrimonio, la escollera va paralela a la muralla. Asegura que hay una parte que quedó debajo de la avenida Santander, cercana al ángulo capital del baluarte de Santo Domingo, y es probable que sea así. Con lo que no estoy de acuerdo es que eso vaya a afectar al patrimonio o las murallas”, señaló.
Samudio manifestó que esta es la oportunidad para que la ciudad conozca de la existencia de la escollera submarina. “En el caso de que se recupere la playa y la escollera quede debajo de la tierra, se puede construir un paseo peatonal. Se podría aprovechar para realizar una señalización en el suelo con una textura de piso diferente donde se muestre el paso de la escollera. Yo no creo que eso vaya a atentar contra el patrimonio, al contrario, se podría poner en evidencia la existencia de esa parte de las fortificaciones, que fue fundamental para garantizar la estabilidad de toda la muralla desde el baluarte Santa Catalina hasta el de Santo Domingo”, indicó.
La directora de Valorización, María Isabel Lugo, se refirió a las solicitudes de suspensión que ha tenido que enfrentar el proyecto en cuanto a la licencia ambiental. “El asesor de los vendedores -Wilman Herrera- radicó ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) una solicitud pidiendo la suspensión de la licencia ambiental 1401, que es la que corresponde al proyecto. En la solicitud radicada también se refieren al retorno de los vendedores a las playas, los compromisos con los pescadores y el tema de consultas previas”, señaló.
“En su respuesta, la ANLA dijo que el retorno de vendedores no es competencia de la agencia. En lo referente a los pescadores, nosotros entregamos en su momentos los ajustes que pidieron, que están siendo revisados por la ANLA. Con los pescadores no hay ningún inconveniente porque al momento de empezar el dragado es cuando debemos firmar los acuerdos con ellos y aún no hemos comenzado esa etapa”, agregó Lugo.
El proyecto también tuvo que enfrentar una tutela para la realización de consultas previas, pero la ANLA señaló que en el área donde se realizan las intervenciones no hay asiento de comunidades negras, raizales o consejos comunitarios.
María Isabel Lugo, directora de Valorización
“La ANLA les respondió que el Ministerio del Interior en su momento se pronunció que dentro del área donde se iba a desarrollar el proyecto no había presencia de estas comunidades. Por georreferenciación se pueden determinar las poblaciones asentadas en los polígonos donde se desarrolla el proyecto y no se halló ninguna”, indicó la directora de Valorización. Según la funcionaria, el proyecto se realiza bajo principios jurídicos y de legalidad debidamente sustentados.
Esta le dijo a El Universal que la ANLA declaró improcedente la solicitud de suspensión de la licencia ambiental. “La declaran improcedente porque ellos no tienen competencia para dar respuesta al tema de las playas. Nosotros presentamos los ajustes, que están siendo revisados”, sentenció.
El Universal pudo conocer que Wilman Herrera nuevamente solicitó a la Procuraduría Judicial Ambiental la suspensión de la licencia, pues considera que se podrían causar daños irreparables a los recursos naturales, ecosistemas sociales y ambientales del área de influencia del proyecto. Sin embargo, fue fallada a favor del Distrito.
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