La obra del pedraplén de Playetas en la vía a Barú había sido algo soñado por todos, principalmente por los habitantes de la isla, quienes serían los principales beneficiados con esta adecuación de 1,4 kilómetros, que estaban en pésimo estado debido a la fuerza del mar, y al ser recuperados serían utilizados por turistas y demás visitantes para llegar a la isla a través de vehículos.
Fue así como el 3 de diciembre del 2018, el Consorcio Vial Isla de Barú entregó la primera fase de la obra, tal y como había sido especificado en el contrato celebrado con el Distrito de Cartagena en 2006, denominado VAL-02-06.
Esta primera entrega dio una luz de esperanza y se creía que el segundo tramo, que contempla la intervención de 2 kilómetros para complementar la primera fase, se iniciaría de inmediato pero esto no pasó debido a múltiples razones jurídicas, las cuales han llegado hasta el Tribunal de Arbitramento y Conciliación de la Cámara de Comercio y el Consejo de Estado.
Mientras estas acciones legales surtían su proceso, en el 2019 la administración del exalcalde Pedrito Pereira realizó una licitación para elegir otro consorcio para la ejecución de ese segundo tramo, resultando elegido el Consorcio KMC, quien ahora estaría ejecutando dichas obras, algo que el representante legal del Consorcio Vial Isla de Barú no aprueba, asegurando que el fallo del Tribunal de Arbitramento y Conciliación había dicho que a su consorcio le correspondía continuar con las obras.
Sin embargo, Enrique Posada, representante legal del Consorcio Interventoría Pedraplén, interventor del contrato 020 de 2019, ejecutado por la firma KMC, aclaró la situación y explicó que “el fallo dice que se declaraba incompetente para pronunciarse sobre el contrato actual de Playetas, pero se ha dicho todo lo contrario”.
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El Tribunal de Arbitramento fue convocado por el Consorcio Vial Isla de Barú buscando aclarar la situación de su contrato y exigiendo que les permitieran continuar con las obras del pedraplén. Según se dijo en su momento, el fallo habría condenado al Distrito para que liquidara o anulara el contrato con KMC, dándole vía libre al Consorcio Vial de continuar con las obras.
Esto fue celebrado por el representante legal Efraín Amín, “esta decisión la tomamos con mucha tranquilidad, pues teníamos la convicción de que las cosas se darían de esta forma, y teníamos la absoluta seguridad que un fallo ajustado al derecho y a la ley tenía que ser positivo para nosotros, el tramo de la vía a Playetas estuvo y está en el contrato de concesión desde diciembre del año 2006”.
Esto es refutado por el interventor, quien explicó que “no hay una justificación legal que anule e imposibilite la ejecución del contrato actual, porque precisamente lo que hizo el Tribunal de Arbitramento fue decir que no concedía ninguna medida frente al contrato actual y solo le reconoció al doctor Amín que el contrato de Playetas hacía parte de su alcance, pero sin ninguna consecuencia en contra del Distrito de Cartagena distinta a la condena en costas”.
El fallo emitido el 7 de abril de este año resuelve seis puntos, donde en los dos primeros declaran que las obras del pedraplén se encuentran dentro del alcance físico del objeto del contrato VAL-02-06 y que el Distrito de Cartagena incumplió parcialmente dicho contrato, “de acuerdo con los argumentos expuestos en la presente providencia”.
En el tercero condenan “en costas y agencias en derecho al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, por $479.899.395, conforme a las razones y los motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia”.
Dicho fallo también negó las pretensiones declarativas y de condena que el Consorcio Vial Isla de Barú había pedido contra el Distrito, entre las que se encontraban algunas donde se mencionaba al Consorcio KMC y justo en ese punto el Tribunal de Arbitramento indicó que no podían pronunciarse, so pena de una extralimitación de sus competencias.
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“Con esto, el contrato 20-2019 suscrito entre KMC y el Distrito de Cartagena ha estado vigente en todo momento y sobre él no ha existido un pronunciamiento del Tribunal de Arbitramento, por ser independiente, autónomo y ajeno al contrato VAL-02-06 y la controversia suscitada entre el concesionario y el Distrito de Cartagena”, explicó Posada.
El Universal conoció además que en medio de todo este lío jurídico, el Tribunal de Arbitramento decretó una medida cautelar que fue cumplida por el consorcio, lo que hizo que el contrato de las obras estuviese suspendido.
“Esta interventoría respetuosa de la ley, cumplió con esta medida y fuimos prorrogando las suspensiones hasta que el Consejo de Estado, mediante una tutela que interpuso el contratista KMC, ordenó al Tribunal de Arbitramento que levantara la medida cautelar y nosotros procedemos a continuar los trabajos, que es lo que estamos haciendo”.