Cuando escucho mencionar la Clínica Barú se viene a mi mente un recuerdo breve, pero con un mensaje claro. Una noche, en la Transversal 54, un vehículo pasó a gran velocidad al lado de una motocicleta e hizo que el conductor cayera contra el pavimento. El conductor del vehículo se fugó e inmediatamente varias personas se acercaron al motociclista para auxiliarlo mientras llegaba la ambulancia.
Aunque el accidentado estaba dispuesto a recibir atención médica, su parecer cambió cuando le dijeron a qué IPS lo llevarían. “¿Clínica Barú? No. Déjenme aquí que yo me voy para otro lado”.
El joven se negó a ir a la clínica por los malos comentarios que ha escuchado y con ayuda de un par de hombres se levantó, encendió su moto y se fue. En cuestión de minutos dimensioné el miedo que muchos ciudadanos tienen de ir a un centro asistencial cuya imagen ha decaído ante la opinión pública, pese a los esfuerzos que han hecho sus directivos para mejorar los servicios e imagen.
Más allá de los comentarios y trágicas historias que se leen en redes, recientemente se conoció que el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena, a cargo de Pericles Rodríguez Sehk, emitirá sentencia condenatoria contra cuatro médicos de la Clínica Barú por los delitos de homicidio culposo y falsedad documental dolosa, por el caso de Jalima López. (Lea aquí: Familiares de Jalima López creen que la mató la anestesia)
El 15 de agosto de 2017, los familiares de Jalima Elena López Saleme, de 38 años, fueron informados de la muerte de la mujer en la Clínica Barú, y desde ese momento han tratado de encontrar respuestas a lo que pasó.
Un mes antes, Jalima había tenido un accidente en moto en la vía a Mamonal, que la dejó con varias raspaduras y dos dedos rígidos (meñique y anular). En ese momento fue atendida en la clínica por el SOAT de la moto. Allí le dieron 20 días de incapacidad y le ordenaron tres lavados prequirúrgicos. El día que murió era el último.
En ese momento la IPS indicó que la mujer había sufrido un paro cardio-respiratorio. Sin embargo, eran tantas las dudas que tenía la familia que decidieron llevar el caso a instancias judiciales.
“La primera recomendación que les di fue que no hicieran el sepelio, que teníamos que hacer una necropsia para ver de qué había muerto y nos dimos cuenta que era mentira lo que estaban diciendo. Las pruebas arrojaron que a la señora Jalima le hicieron una traqueotomía por donde no era y le cortaron la vena yugular, eso le produjo un sangrado masivo”, contó Juan Carlos Cabarcas, abogado de la familia.
Añadió que no se entiende por qué si había cuatro médicos no hicieron nada para evitar que la mujer se desangrara en el quirófano, y que además le aplicaron anestesia general.
“Ellos no anotaron esa circunstancia en la historia clínica y trataron de engañar a los familiares diciendo que ella había hecho un shock anafiláctico, pero resulta que su defensa contrató unos expertos médicos para que examinaran la historia clínica y resulta que esos mismos médicos dijeron que ahí no había shock anafiláctico porque los signos de la tensión arterial de Jalima descartaban eso, entonces ellos mismos terminaron entregando la prueba de lo que realmente pasó”.
De acuerdo con el defensor de la familia de Jalima, “en ese afán de ocultar lo que sucedió se reveló la verdad, porque entraron en unas contradicciones que uno no entendía, un médico decía que no pasó nada y el otro decía que sí, entonces eso generó una especie de desconfianza en la prueba”. (Lea aquí: Dadis oficia a Clínica Barú sobre investigación por mujer fallecida)
Aunque aún no se ha leído la sentencia, pues hasta ahora solo se conoce el sentido del fallo, para el abogado los médicos no irían a prisión pues fue un delito culposo y la pena no superaría el tiempo que autoriza un encarcelamiento.
“Hay un sabor agridulce en la familia porque por una parte este tema produce una mezcla de sentimientos, recuerdos y no es una cosa para alegrarse, pero de alguna manera sienten que le están cumpliendo a Jalima porque eso no ha quedado impune, pese a que ha sido un recorrido bastante tortuoso y difícil”.
Frente a los diferentes hechos, la Clínica Barú manifestó que no puede dar un pronunciamiento puesto que el fallo no los cobija y es directamente contra los médicos. Además, defendió el personal de la salud que trabaja en la IPS y los procesos de mejora que adelanta hace algunos años.
Dos años después de la muerte de Jalima, en 2019, el Concejo Distrital instó al Dadis y a otras autoridades del Distrito a que revisen e investiguen las quejas y presuntas irregularidades en torno a los procedimientos que realiza la Clínica Barú, cuyos casos en su mayoría son de pacientes de accidentes viales. (Lea aquí: Por mala práctica médica, piden cierre de Clínica Barú)
La plenaria pidió a las autoridades “que revisen y pongan fin a las constantes quejas por supuestos malos procedimientos médicos adelantados en este centro asistencial”. Inclusive, se habló de realizar una auditoría especial a ese centro asistencial, que en ese momento atendía el 74% de las personas heridas en accidentes en la ciudad. Sin embargo, a la fecha no se conocen resultados de esos anuncios y la IPS ha seguido funcionando con normalidad.
