De alguna manera, moral y anímicamente, se sigue maltratando a las víctimas del conflicto armado en Colombia.
Dentro de todo este proceso de desagravios, varias personas provincianas y campesinas se han trasladado hacia Cartagena durante la presente semana, desde sus distantes territorios rurales en los departamentos de Bolívar y Sucre, para cumplir una cita presencial y definitiva que les puso la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas en su sede de la Dirección Territorial Bolívar, a la salida de la ciudad, vía a Bayunca.
Después de corroborar una vez más su victimización, de allí son remitidos a bancarizarse en la única sede del Banco Agrario de esta capital, en la Calle del Arsenal, Centro Histórico.
En la Unidad para las Víctimas estos aldeanos han sido atendidos muy bien, y se les indica el día específico de ‘pico y cédula’ que les corresponde para ser atendidos por el banco.
Pero estas instrucciones para nada consideran los casos especiales de quienes proceden de otras regiones, de manera que luego han encontrado un serio escollo en la medida de ‘pico y cedula’, que está amarrada a ese servicio bancario para el trámite final de bancarizarse o abrir una cuenta de ahorros, trámite que deben cumplir solo en la mencionada entidad financiera estatal.
CIRCUNSTANCIAS
Muchos de esos lugareños tienen la necesidad de regresar pronto a sus recónditas tierras por diversos motivos: son cabezas de hogar y deben atender sus parcelas, sus familias, o porque no tienen dónde quedarse en esta ciudad, o simple y crudamente se vinieron estrictos con sus pasajes para los buses intermunicipales o interdepartamentales, sin sumar los gastos de alimentación y movilidad dentro de esta ciudad.
El Universal de Cartagena fue testigo presencial en la mañana de este miércoles 14 de julio, de la inflexibilidad del Banco Agrario en Cartagena para entender estas situaciones especiales de gente que no conoce la ciudad, y que terminan dependiendo de la solidaridad de terceros para recibir orientación o ayuda.
DOS CASOS
Un señor en silla de ruedas, de unos 70 años y procedente del municipio de San Jacinto (centro de Bolívar), acudió al Banagrario en la mañana de este miércoles, en procura de cumplir ese trámite final para regresarse a su pueblo, pero el vigilante de la entidad, adscrito a la compañía de seguridad CVS, se lo impidió tajantemente aduciendo que el director del Banco Agrario le había dado instrucciones de no permitir al ingreso de aquellos que no estuviera en ‘pico y cedula’.
Igualmente le ocurrió a la señora Sol Marina Oviedo, de 69 años de edad y quien vino de una vereda llamada La Peña, en el municipio sucreño de Ovejas.
Ella se encuentra en Cartagena desde el martes de esta semana y fue bien atendida ese día en la Unidad para las Víctimas, y aunque le dijeron que por su cédula terminada en 9 le corresponde ir al banco el viernes, la mujer comenta que necesita regresarse enseguida a su tierra para reasumir sus labores domésticas, y porque este jueves 15 de julio tiene programada una esperada cita con un especialista de la salud en Sincelejo, debido a que padece afecciones auditivas en uno de sus oídos.
A la señora Sol Marina le toca entonces perder además su cita médica, puesto que igualmente el vigilante se opuso de forma insensible a permitir el ingreso de esta persona al Banagrario, con la misma excusa del anterior caso.
HIZO CASO OMISO
Debido a la situación, me identifiqué ante el vigilante de la empresa CVS, como periodista de El Universal, y enseñándole el carnet del periódico le pedí hablar con el director o gerente del Banagrario, para lograr una mejor explicación sobre este tratamiento insensible para con los adultos mayores que no son de esta ciudad, pero el vigilante me dijo desobligantemente que “eso no hace falta”, e indiferente frente a lo que sucedía, simplemente cerró la puerta y se apartó hacia el interior del banco. Para nada se inmutó en avisar al directivo sobre la solicitud que le hacía El Universal.
Estas personas victimizadas, en una ciudad desconocida para ellos, no fueron atendidas.
