El comandante del Ejército nacional, general Óscar González, negó ayer que esa institución hubiese intervenido o “chuzado” líneas telefóni-cas del magistrado Iván Velásquez. En un comunicado, el general González indicó que atendieron las denuncias de un ganadero de Facatativá ante una presunta extorsión y que lo acompañaron hasta el URI de la Fiscalía de Paloquemao, en Bogotá. Dijo que el comerciante entregó unos números de teléfono para investigar y que el Ejército no sabía que entre ellos estaba el del magistrado Velásquez. “De acuerdo a las informaciones obtenidas hasta el momento por el Comando del Ejército, la Fiscalía dio inicio a una investigación, donde se determinó el control de líneas telefónicas”, señaló la institución. Sin embargo aclaró que este procedimiento fue ordenado por la autoridad judicial competente, “que adelantó el proceso en una sala ubicada en una unidad militar” y resaltó que dicha sala se encuentra en instalaciones del Ejército por convenios previos suscritos por la Fiscalía y el ministe-rio de Defensa. Además dijo que el Ejército no tiene acceso al cuarto desde donde se adelantan los controles. ¿DE DÓNDE SALIÓ EL NÚMERO? Pero el malestar del uniformado fue más allá. En uno de los puntos del comunicado aseguró que el pasado 22 de septiembre contactó al co-merciante de Facatativá, y él le manifestó que en su denuncia nunca entregó el número telefónico que, posteriormente, resultó ser del magistrado Velásquez. “Al comando del Ejército le preocupa que se pretenda enlodar la imagen de las instituciones del Estado, filtrando informaciones parciales”, agregó el documento. Por lo tanto le solicitó a la Procuraduría General de la Nación que realice un seguimiento especial a las investigaciones sobre el caso. PRESTACIÓN DE SERVICIOS El Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, anuncio que continúa prestando normalmente los servicios relacionados con la expedición del certificado judicial. En el mismo sentido, si hay normalidad respecto a los trámites de asuntos migratorios tanto para ciudadanos colombianos como extranjeros.