Según el ente investigador, el exviceministro de Agricultura, Juan Camilo Salazar, la exjefe de la oficina jurídica, Tulia Méndez, la exdirectora de comercio y financiamiento, Camila Reyes del Toro y el exasesor jurídico del despacho del viceministro, Óscar Schroeder, actuaron en calidad de funcionarios públicos, con un compromiso superior con el Estado.
La decisión se tomó luego de que los cuatro exfuncionarios decidieran no aceptar los cargos que les fueron imputados. Tulia Méndez, Camila Reyes del Toro y Óscar Schroeder fueron acusados por peculado por apropiación a favor de terceros y contratos sin cumplimientos legales. Entre tanto, al exviceministro Salazar le fueron imputados los mismos cargos, más el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Según la Fiscalía General de la Nación, Salazar debe responder si tiene o no responsabilidad en la comisión de un peculado que supera los 302 mil millones de pesos.
Los delitos le fueron imputados basándose en pruebas que certifican que antes de ocupar el cargo de viceministro de la cartera de agricultura, Salazar se desempeñó como contratista del IICA (Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria), lo que facilitó luego la firma de contratos de esa entidad con el Ministerio.
Durante la audiencia, el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Juan Martín Moreno, dijo estar indignado por la entrega indebida de subsidios del programa, que describió como “el más grave daño a la historia agrícola y económica del país”.
El funcionario aclaró que la Fiscalía no se opone al programa Agro Ingreso Seguro, sino al uso que se hizo del mismo.
En la diligencia, estuvieron ausentes tres de los exfuncionarios citados por la Fiscalía para la imputación de cargos.
Por eso, la Fiscalía pidió que se programe una nueva fecha.
