Sobre estas personas que se beneficiaron, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra exhortó a la Fiscalía para que se actúe con celeridad y sean puestos ante la justicia. “Estas personas incurrieron en fraude procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir”, precisó el alto funcionario al tiempo que consideró que las falsas víctimas son unos “sinvergüenzas” que se aprovecharon del trabajo que Colombia está haciendo en el trabajo de reparación con las víctimas.
De igual forma, Esguerra sostuvo que se va a pedir la aclaración para establecer quiénes asesoraron a estas personas y las motivaron para pedir la indemnización. “En caso de que se haya tratado de abogados, es más grave aún. No hay derecho a que exista una minoría de abogados dedicados a ese tipo de actividades”, enfatizó el titular de la cartera.
Ministerio de Defensa dice ser víctima
El ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, señaló que esa cartera se declarará víctima en el proceso judicial que se adelanta por la masacre de Mapiripán, Meta.
“Como en este caso se ha pagado a múltiples víctimas, dado que la Corte Interamericana había establecido esa sentencia, el Ministerio de Defensa tendrá que hacerse parte en el proceso como víctima para evaluar los caminos jurídicos que permitan, dependiendo de cómo concluyan estas investigaciones, restablecer el patrimonio público”, reveló Pinzón
Pinzón calificó como positivo que se esté avanzando en las investigaciones “porque es importante que se llegue a la verdad, de eso se trata la justicia y de eso se tratan los procesos”.
Polémica
En la sesión del martes, la fiscal Yolanda Prado sostuvo que señaló que de las 26 personas a las que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, reconoció como víctimas, 16 están vivas.
Cabe recordar que por esta masacre, el Estado colombiano ya fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en 2005.
A raíz de esto el Estado fue condenado a pagarles a las víctimas, pero algunos se hicieron pasar como tal y exigieron del Gobierno millonarias sumas. Uno de esos casos es el de la familia Martínez Pinto a la que le entregaron 1.135 millones de pesos. Sin embargo, se comprobó que la persona que se hizo pasar como asesinado en esa masacre obtuvo una casa el año pasado, en 2003 hizo el cambio de cédula de ciudadanía y en 2005 se afilió a una EPS.
Condena sería reducida
La Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre el recurso de casación que la defensa del general Jaime Humberto Uscátegui presentó, contra la condena de 40 años que le impuso el Tribunal Superior de Bogotá, por su responsabilidad en la masacre de Mapiripán.
Según la Corte, el delito de falsedad en documento por el que fue condenado ya precluyó, dado que por el recurso de casación, ninguna de las condenas que pesa sobre él es definitiva. La Corte solicitó a la Procuraduría que también se pronuncie sobre el recurso presentado por la defensa del general.
Este anuncio se hace luego de que, por declaraciones de paramilitares, se pusiera en duda el verdadero número de víctimas de dicha masacre.
