El llamado a interrogatorio a Edmundo del Castillo por parte de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia está relacionado con su presunta responsabilidad en el favorecimiento al clan Nule para adjudicarles un contrato con el ICBF para el suministro de la Bienestarina.
Los hechos que son investigados por el ente acusador datan del momento en que del Castillo era asesor jurídico del Bienestar Familiar y, al parecer, acondicionó los términos de licitación para que el jugoso contrato, cuya suma se acercó a 10 mil millones de pesos, quedara en manos del grupo Ponce de León, firma adscrita a los polémicos empresarios Nule.
La denuncia fue presentada por la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia quien entregó el material probatorio para que la Fiscalía investigara el hecho. “El llamado a interrogatorio es una decisión importante para esclarecer lo sucedido sobre la presencia del ‘cartel’ de la contratación y estamos seguros de que se practicaron pruebas antes de la citación”, dijo Pablo Bustos, coordinador de la Red.
Aún se desconoce la fecha de la diligencia, como también es incierta una posible vinculación de la directora de la entidad, Elvira Forero, en este proceso.
